Juzgado ordenó garantizar derechos fundamentales de internos del Coiba

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El Juzgado Segundo civil municipal del circuito, ordenó a la Alcaldía y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ibal, que se realicen las obras de mantenimiento y reparación de la red de alcantarillado en el Coiba de Picaleña, con el fin de respetar los derechos fundamentales de los internos, funcionarios y comunidad aledaña, quienes se ven afectados por la falta del suministro de agua.

Desde el pasado 27 de junio la entidad del Ministerio Público, en cabeza de el personero Camilo Ossa, instauró una acción de tutela, luego de considerar que se estaban vulnerando los derechos fundamentales a la vida, salud y honra de quienes permanecen en las instalaciones.

“Hemos recibido algunas quejas por parte del Inpec, en relación con algunos problemas de alcantarillado en el Coiba, existían problemas de índole administrativo para solucionar la problemática y lo que se hizo por parte de la Personería fue interponer una acción de tutela (...) donde un Juzgado concede el amparo a los derechos fundamentales”, indicó el Personero.

El Personero aseguró que dicha acción se realizó actuando en defensa de esta población y cuya orden se tendrá que ejecutar cinco días posteriores al fallo de la acción popular.

Además, aseguró que se hicieron diferentes solicitudes; sin embargo, fue necesario acudir a las instancias legales para obtener acciones.

 

El Coiba sin agua

El fallo de tutela, además, tiene relación con la denuncia que hicieron los internos del Coiba de Picaleña, que hasta ayer completaron cuatro días sin el suministro de agua, en el patio de mujeres, según las denuncias por el daño de una motobomba. Mailén Santodomingo, reclusa, aseguró que tras el daño de las motobombas no se ha enviado el personal idóneo, hecho que podría desencadenar una emergencia sanitaria.

“Hablamos de aproximadamente 500 mujeres, hay patios de hombres que tampoco tienen suministro de agua (...) se ha tratado de suministrar el agua, pero no ha sido satisfactorio”, indicó Santodomingo.

 

Dato

La entidad del Ministerio Público instauró desde el 27 de junio una acción popular contra el Municipio, luego de diferentes solicitudes formales. 

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