Dicha decisión se da luego de que la entidad iniciara una investigación disciplinaria contra la funcionaria y determinara que está incursa presuntamente en una falta gravísima, según el número al 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.

Dicho artículo refiere como falta: “Participar en la etapa precontractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”.

La Personería indicó que Prada posiblemente desconoció que este tipo de contratos solo podían ser contratados con una persona natural, contratando una persona jurídica para la presentación de los artistas.

Además, dentro de la contratación incluyó la parte logística, hecho que debió realizarse mediante un proceso de selección que garantizara la pluralidad de oferentes, con el que no se hubiese desconocido el ordenamiento jurídico que regula este tipo de negocios.

Es de resaltar, que el concierto de Carlos Vives, el cual tenía un valor de $2 mil 964 millones fue liquidado de manera unilateral en su momento por Prada, ordenadora del gasto, con ánimo de “garantizar el derecho fundamental al debido proceso”.