Procuraduría le formula cargos a Jaramillo y Girón

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El órgano de control señala que se contrataron las obras sin contar con los requisitos ambientales, hecho que desencadenó la suspensión ordenada por Cortolima.

Por, al parecer, no contar con los permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y, el Plan de Manejo Ambiental actualizado, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exgerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal S.A. E.S.P.), Alberto Girón y el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La formulación se debe toda vez que para el Ministerio Público se adjudicó el contrato 202 de 2017, elemento contractual que destinaba 27 mil 400 millones de pesos para la construcción de la fase uno del Acueducto Complementario, sin contar con los requerimientos ambientales, hecho que desencadenó la suspensión de las obras por parte de Cortolima

 

Girón

Según la Procuraduría, el hecho de que la autoridad ambiental (Cortolima) ordenara la suspensión de las obras, fue consecuencia de la carencia de los permisos. Ello, era previsible o lógico al firmar el contrato por parte del exgerente del acueducto.

La presunta irregularidad cometida por Girón, el órgano de control la catalogó como gravísima a título de culpa gravísima.

 

Jaramillo

En cuanto al burgomaestre, la Procuraduría señala que el mandatario local omitió el ejercicio de los deberes de dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar la prestación del servicio público de agua potable y coordinar las actividades con el Ibal.

La conducta reprochada por la Procuraduría para Jaramillo de forma preliminar está catalogada como grave a título de culpa grave.

El Ministerio Público decidió formular los cargos a Jaramillo citando que: “La construcción del acueducto complementario de Ibagué es un proyecto de connotación y vital importancia para el municipio, adoptado como una estrategia del plan de gobierno del mandatario territorial y, en desarrollo del control de tutela, podía intervenir de manera eficaz y evitar la suspensión de las obras por orden de la autoridad ambiental”.

 

Cortolima

Al parecer, el principal insumo para que la Procuraduría formulara los cargos contra Girón y Jaramillo es la resolución 558 de febrero 15 del presente año emitida por Cortolima.

Es de recordar que en esta se ordenó la suspensión de las obras, hasta que el acueducto presente el Plan de Manejo Ambiental (PMA) actualizado en ocho puntos de intervención: K5+900, k6+970, K7+580, K8+360, K8+500, K9+350, K10+080 y K10+745.

Jorge Enrique Cardoso, director de la CAR señaló: “Desde el 2012, se le solicitó al Ibal, que actualizara el (PMA) y presentara los respectivos permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, no el que había sido engavetado desde 1994, que era de una sola fase; sino el de todas las cuatro fases”.

Cardoso añadió: “En más de tres resoluciones se le ha requerido al acueducto y no lo ha hecho, hasta que se decidió emitir la resolución en este año. Son ocho puntos en los que se estaba interviniendo sin los respectivos permisos, hecho que a hoy no se han presentado, ni evaluado”.

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