La Contraloría municipal estableció 95 hallazgos administrativos, 78 de carácter fiscal, 83 disciplinarios y 9 penales como resultado de auditoría de Contraloría a la U.S.I. para la vigencia de 2018.

Además, dio a conocer el informe definitivo de la auditoría realizada a la Unidad de Salud de Ibagué, (U.S.I.), para la vigencia 2018. El documento develó hallazgos de toda índole y un detrimento de $2.070.645.482.

En el informe la entidad aseguró que solo durante el 2018 se suscribieron 732 contratos, que tuvieron un valor de más de $18 mil millones; no obstante, para este proceso la Contraloría solo tomó como muestra 71 procesos contractuales, cuya cifra corresponde a $7 mil 736 millones.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría determinó que “la gestión fiscal es desfavorable con una calificación de 55.0 puntos y un no fenecimiento de la cuenta”.

Malos procesos

El ente de control determinó que el personal encargado de las tareas de supervisor, tesorería y pagaduría, pueden verse inmersos en un proceso administrativo con presunta incidencia disciplinaria por $830 millones 530 mil, toda vez que se observó facturación sin procesar del 2018.

Dicha situación ante la “ineficiencia de gestión” de los software dispuestos para la revisión, liquidación y radicación de facturas de venta generados por los servicios de salud prestados en las urgencias de la unidad intermedio San Francisco.

Hechos que a parte de incumplir con el contrato, para la Contraloría generaron incertidumbre en la confiabilidad de los informes generados y desconocimientos del servicio contratado.

¿Mal manejo en flota de transportes?

En un presunto detrimento patrimonial por $593 millones 285 mil estaría incurriendo la U.S.I., con la flota de transporte de las sedes de San Francisco y Ricaurte, al hallarse falencias en su uso y prestación de servicios al usuario, toda vez que el encargado del automotor no ha diligenciado de manera eficiente las bitácoras que establecen destinos, fechas y kilometraje.

Aunado a esto se halló una motocicleta incinerada, a la que a 17 meses de la situación no se le ha hecho la solicitud de indemnización o reposición por parte de la entidad, hecho que representa un perjuicio a los bienes de la Unidad de Salud.

Manejo de la nómina

Como un hallazgo administrativo y un aviso de alerta, la Contraloría dejó expuestas debilidades en el manejo de la nómina, toda vez que a corte de 31 de diciembre de 2018 a los empleados se les adeudaba la suma ascendente de $1.106 millones, hecho que podría representar futuras demandas y detrimento patrimonial para la U.S.I.

No obstante, la entidad destacó que a la fecha no existen ningún tipo de acciones legales y agregó que es consciente que por falta de presupuesto no ha sido posible cancelar algunas obligaciones laborales.

Sin soportes

La Contraloría configuró un presunto daño patrimonial por $96 millones 220 mil, al no encontrar los facturas que soporten la ejecución de un contrato que tenía como fin obtener los servicios de apoyo logístico en un convenio interadministrativo entre la Unidad de Salud y la Alcaldía, del que reseñaron no existió una gestión económica, eficaz y eficiente a este proceso.

“Se evidencia que la entidad de salud no aportó las facturas que soportan totalmente la ejecución del contrato por parte del contratista, razón por la cual, se ratifica la observación como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal”, indica la entidad.

Mismo hecho quedó referenciado en un contrato entre la Unidad de Salud y la empresa Power Services Ltda, por $70 millones en el que se pretendía la prestación del servicio de aseo, desinfección y mantenimiento de la unidad intermedia San Francisco, donde tampoco se evidenciaron informes parciales de fichas técnicas de productos de aseo, desinfección y cantidad entregada de productos, así como no existe un pronunciamiento sobre la extemporánea publicación en la página de contratación estatal, Secop.

Plan de mejoramiento

La Contraloría tras la auditoría, le solicitó a la U.S.I., un plan de mejoramiento en el que permita solucionar las deficiencias hechas por la entidad dentro de los siete días hábiles siguientes a la recepción del informe.

Asimismo con relación a lo hecho en el plan de mejoramiento del año 2017, la Contraloría dejó expuesto que la U.S.I., no cumplió con el 100% de lo establecido, cumpliendo con 34 recomendaciones del ente de control de las finanzas públicas.

“El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán por parte de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E., las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo”, reseña la entidad.