Contraloría detectó hallazgos fiscales por $1.123 millones en la Secretaría de Gobierno

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Según la auditoría especial adelantada por la entidad, el presunto detrimento patrimonial tiene que ver con varios convenios y contratos que suscribió la Secretaría entre los años 2014 y 2018.

Un presunto detrimento patrimonial por $1.123 millones detectó la Contraloría municipal en la Secretaría de Gobierno, entre los años 2014 y 2018, a través de una auditoría especial en la que fueron revisados ocho procesos suscritos por esta dependencia.

El monto está representado en siete hallazgos fiscales de los 33 que evidenció la entidad de control y que tienen carácter administrativo, disciplinario y penal, explicó el contralor Ariel Augusto Medina en rueda de prensa.

Según el informe, tres de los procesos corresponden a la administración de Luis H. Rodríguez, mientras que los cinco restantes tienen que ver con el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo.

 

En la era Luis H.

El hallazgo de mayor cuantía es de $613.5 millones y corresponde al convenio 001 de 2014, suscrito entre la Secretaría y el cuerpo oficial de bomberos por $657 millones con el fin de garantizar la prestación del servicio bomberil en la ciudad.

A excepción de un pago por $44 millones, el equipo auditor no encontró documentos que permitieran evidenciar los gastos que se efectuaron por el valor restante del convenio.

Los otros procesos revisados datan de 2014 y 2015. Uno tiene que ver con un contrato suscrito con Diagrotol por $40.9 millones para el suministro de alimentación, medicamentos veterinarios y elementos de aseo, pero, según se comprobó, los elementos no ingresaron al almacén del Municipio ni se demostró que el Coso (antiguo Capa), haya recibido los medicamentos. El detrimento es igual al valor del contrato.

Finalmente, el otro hallazgo fue tasado en $65.5 millones y es producto del convenio suscrito por $75 millones para garantizar la implementación de la red institucional del Observatorio del Delito mediante la ejecución de diferentes estrategias. Del monto total, la entidad de control solo encontró facturas y pagos por $12.5 millones.

 

En la era Jaramillo

De los cinco casos revisados de la actual Administración se destacan dos. El hallazgo de mayor cuantía corresponde a un contrato de arrendamiento de una bodega que en 2017 suscribió la Secretaría por $95 millones, con Germán Alberto León, para el funcionamiento del centro de protección a personas por parte de la implementación del Código Nacional de Policía.

Según se precisa en el informe, sin justificación alguna, en la primera adición presupuestal del contrato por $44.7 millones se incrementa el canon de arrendamiento. También se señala que al contrato se le adicionaron tres meses, por un valor de 35.7 millones, pero en un contrato que ya venía del año anterior.

De otra parte, el equipo auditor encontró un contrato de arrendamiento semejante suscrito en 2018 por $76.5 millones en el cual hubo un aumento del pago mensual significativo. En conjunto, se estableció un presunto detrimento patrimonial por $216 millones.

El otro hallazgo significativo asciende a $124.9 millones y corresponde a un contrato firmado por $250.6 millones con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para la implementación en acciones de prevención de trata de personas.

Desde la dependencia no se aportaron soportes sobre la clase de contratación de los profesionales y su acreditación, lo que generó entre el equipo auditor incertidumbre sobre la idoneidad del personal. Y a pesar de que se mencionaron a los integrantes del grupo, tampoco se aportaron informes parciales ni informe final. Además, no se prueba la inversión de la Unodc.

En suma, los hallazgos de los otros tres contratos suscritos por la Secretaría con Motorysa, Luis Alfredo Huertas y Sofasa, alcanzan los $10.6 millones.

 

La Alcaldía responde

Frente al informe, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Lozano, aseguró que a medida que avance el proceso, en cada una de sus etapas, será aportada de forma respetuosa la documentación y las pruebas que sean solicitadas por la Contraloría, para controvertir las presuntas irregularidades.

“Estos procesos son objeto de controversia y existen las etapas procesales. La Secretaría, como siempre, ha cumplido con el ordenamiento legal para aportar el material probatorio y, tan pronto se entre en las etapas procesales correspondientes, irán saliendo los resultados. La Administración es respetuosa del ordenamiento y de las entidades que hacen el proceso de control y lo acataremos para acompañar con la documentación que corresponda”, afirmó el funcionario.

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