Procuraduría abrió indagación preliminar contra Yolanda Corzo

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Luego de un hallazgo hecho por la Contraloría municipal y que fue remitido a la Procuraduría, el Ministerio Público abrió este proceso contra Corzo, que se encuentra en etapa probatoria.

La Procuraduría provincial de Ibagué abrió una indagación preliminar contra Yolanda Corzo, gerente de Infibagué, por un hallazgo disciplinario que remitió la Contraloría municipal, con relación al contrato que tiene como objeto la construcción del Megaparque Santa Rita.

Los hechos fueron expuestos a través de una denuncia allegada a la Contraloría, en la que se informa de presuntas irregularidades en la calidad de los materiales dispuestos para este escenario y por el que la entidad entró a analizar el contrato 056 del 12 de julio 2018, suscrito entre Infibagué y el Consorcio AMR.

En la revisión la Contraloría de Ibagué identificó que dicho contrato presentó varias prórrogas en tiempo, así como una adición en dinero, esta última no siendo aceptada por la entidad.

El 9 de mayo de 2019, la Gestora Urbana giró una adición a Infibagué, ejecutor del proyecto, por $1.567 millones, “para los equipamientos del parque recreodeportivo Santa Rita”, por lo que la obra pasó de costar $4 mil 113 millones a $5 mil 681 millones.

Situación que para la Contraloría es producto de la falta de planeación, toda vez que la adición estuvo prevista para temas relacionados con los componentes eléctricos, cerramientos de los escenarios deportivos, incorporación de barandas de protección, juegos infantiles, la utilización de recubrimientos con resinas acrílicas y la construcción de una batería sanitaria y de áreas de cubierta sobre las zonas de mayor público.

“Se denota que las actividades adicionales son producto de la improvisación, pues ellos fácilmente se habían podido incluir en el proceso licitatorio y obviamente en el contrato inicial suscrito con el Consorcio AMR”, reseñó la Contraloría.

Además de indicar que la adición va en contravía del proceso licitatorio, pues solo se realizó por un acuerdo entre el interventor y el contratista, avalado por Corzo.

No obstante, frente a la calidad y estado de los materiales de la obra, objeto de la denuncia, la Contraloría dio fe del buen estado y funcionalidad de estos.

 

Incertidumbre sobre predio

Aunado a la situación, la Contraloría evidenció que pese a que siempre se habló de proceso licitatorio y de la contratación del inmueble como propiedad del Municipio, “es la misma gerente (de Infibagué), que después de los trámites contractuales y su ejecución, no tiene la certeza de la propiedad del mismo en cabeza del Municipio”.

Advierte que, en el caso de que la decisión última tomada por la jurisdicción ordinaria sea contraria a los intereses del municipio, se produciría un irreversible detrimento patrimonial.

Es de resaltar que la Administración libra una ‘pelea’ jurídica con terceros, que aseguran son los dueños del lote, sin que hasta el momento se profiera una decisión final en los estrados judiciales.

 

¿Qué dice Infibagué?

Infibagué controvirtió lo expuesto por la Contraloría y aseguró existe el suficiente sustento jurídico y técnico para indicar que la adición se dio en condiciones de eficiencia y bajo el cumplimiento de la legalidad.

El Instituto en su explicación indicó a que las adiciones obedecieron a hechos que no se pudieron prever y que tuvo razón en temas de orden público, gran extensión de material de escombro y temas climáticos. Frente a la propiedad del terreno, el Instituto no se pronunció.

Pese a esto, la Contraloría ratificó su hallazgo, que calificó como administrativo con incidencia disciplinaria, hecho que ahora es remitido a la Procuraduría y donde la gerente de Infibagué podrá una vez más controvertir las pruebas que recoja el Ministerio Público.

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