Una sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la nulidad parcial del acuerdo 025 del 30 de diciembre de 2013, que realizó el Juzgado Séptimo Administrativo, por medio del cual el Concejo aprobó el aumento de algunas tarifas del impuesto de industria y comercio, cobro que, según el abogado demandante Fabián Armando Torres, se hizo de manera ilegal y por fuera de los rangos establecidos por la ley.

Con esta decisión y según expone el profesional, el municipio tendría que reparar los perjuicios ocasionados a los contribuyentes y reintegrar a cerca de tres mil 200 personas naturales y jurídicas el monto del recaudo para ese entonces, cifra que asciende a los $8 mil 500 millones.

El proyecto de acuerdo, fue presentado en la administración de Luis H. Rodríguez, por el exsecretario de Hacienda, Oswaldo Mestre, y aprobado por el Concejo municipal de ese entonces, donde según Torres se habrían “vulnerado los principios de progresividad y proporcionalidad del tributo”.

El Tribunal determinó que “la gran mayoría de actividades gravadas con el aludido impuesto, estuvieron sujetas a los topes tarifarios establecidos por el legislador, empero, algunas de las actividades industriales superaron dichos límites”.

Estas actividades industriales, tienen relación con el tratamiento y revestimiento de metales y a la producción de gas y distribución de combustible gaseoso por tuberías.

“El Concejo no podía gravar actividades como el gas, derivados de la gasolina y la conducción de petróleo que está prohibido por ley, simplemente ellos lo incluyeron y el Tribunal Administrativo consideró que se desbordó la facultad impositiva y en ese sentido declararon la nulidad parcial del acuerdo”, acotó Torres.

Aún no se ordena devolución

La jefe de la Oficina Jurídica, Gloria Millán, indicó que hasta el momento el fallo del Tribunal no ordena la devolución de recursos; no obstante, aclaró ya fueron notificados del proceso.

“Estamos haciendo el cruce de información con la Secretaría de Hacienda, para mirar cuál fue el escenario que se manejó en el 2014”, acotó Millán.

Dato

Según el demandante, la Administración debe devolver cerca de $8 mil 500 millones del recaudo de dichos impuestos.