En informe técnico de auditoría, realizado por la Contraloría de Ibagué a nueve instituciones educativas públicas, la entidad encontró un detrimento aproximado de $40 millones 584 mil en la administración y contratación dentro de los planteles educativos.

Dicha cifra corresponde a la suma de hallazgos fiscales hechos por el ente de control de finanzas, que pese a las controversias expuestas por las partes dejó en firme los hallazgos.

En la I.E. Maximiliano Neira Lamus, el ente de control encontró un presunto detrimento por $11 millones 663 mil, además de hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales.

Uno de ellos tiene que ver con la debilidad en la ejecución de un contrato suscrito por $5.500.000, para el levantamiento y organización de inventarios en el que el grupo auditor constató que no se cumplieron las obligaciones contractuales, situación que la Institución negó y que aseguró tiene lugar en la reubicación de bienes y pertenencias, controversia que para la Contraloría no fue suficiente.

En la I.E. Leonidas Rubio Villegas, por su parte, los hallazgos fueron solo de tipo administrativo por presuntas irregularidades en la gestión contractual; hecho que no representa ninguna implicación económica.

También a la I.E. Antonio Reyes Umaña, la Contraloría le evidenció una presunta irregularidad por la no supervisión a través de la Secretaría de Educación en la instalación de unas baldosas que para la entidad están mal sentadas en un 40%, y para las que se desembolsaron $3.537.715, acción que representa un posible detrimento.

El desconocimiento en las leyes le generó a las directivas de la I.E. Técnica Ambiental Combeima un detrimento de $2.963.430, luego de que el contratista encargado de la reparación de las sedes de la Institución en zona rural cobrara el IVA del 19% sobre el valor total del contrato, hecho del que está excluida la Institución mediante la ley 21 de 1992 al ser un contrato de obra pública; frente a la situación la Institución reconoció su error y aseguró trabaja en lograr se reincorporen los recursos.

En la I.E. Colegio San Simón el ente de control divisó un posible detrimento de $5.295.379 en un posible sobrecosto al contrato que tuvo como objeto la pintura de las instalaciones del colegio para el 2018.

Sin embargo, la I.E. salió al paso a lo expuesto por el ente control y desvirtuó la evidencia de un sobrecosto en la contratación y señaló que el equipo auditor no tuvo en cuenta el informe de obra presentado por la Institución y por el contrario asegura hizo una gestión de ahorro, a lo que la Contraloría insistió se vulneró la resolución de 2017, que fija precios unitarios de obras civiles.

Los hallazgos fiscales en la I.E. Escuela Normal Superior, son los que mayores recursos comprometen, particularmente por un detrimento en la ejecución de obras innecesarias que alcanza los $13.900.000 y que tiene relación con la instalación de dos paraderos, como los ubicados sobre las avenidas, dentro de la institución que no tendrían mayor uso, a lo que para controvertir la decisión la Escuela puso como excusa una estrategia innovadora de aprendizaje informal.

Otras de las Instituciones Educativas objeto de revisión por el equipo auditor de la Contraloría fueron la I.E. Jorge Eliécer Gaitán y Mariano Melendro y Diego Fallon, quienes reportaron hallazgos administrativos y disciplinarios por temas de gestión contractual, debilidades administrativas y falta de planificación del presupuesto de ingresos del 2018; no obstante, el tema de los recursos no se vio comprometido.