Los funcionarios, que a nivel local suman más de 20 personas y en el país más de dos mil 300, reclaman ante el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro, una reforma en las asignaciones presupuestales de la entidad, que para los empleados fue suprimida a través de la ley 55 de 1985, además de una nivelación salarial.

“Que nos devuelvan el presupuesto que a la entidad le han quitado, de un 100% nosotros únicamente manejamos como entidad un 28%, el 72% se lo está llevando directamente el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Fiscalía y el Bienestar Familiar”, acotó Rafael Eduardo Cortés, directivo del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Fe Pública (SintraFep).

En la jornada participa personal de planta provisional, de carrera administrativa, afiliados y no afiliados a los sindicatos.

En el Tolima 11 oficinas ubicadas en Chaparral, Purificación, Guamo, Espinal, Melgar, Ambalema, Armero Guayabal, Honda, Fresno, Cajamarca e Ibagué se encuentran cerradas. Líbano es la excepción.

Hasta el momento no se tiene una fecha para la culminación del paro, entretanto se han desarrollado reuniones con la directivas de los sindicatos a nivel nacional y la nación sin que hasta el momento puedan llegar a un consenso.

¿Y la infraestructura?

Con el cese de actividades y las peticiones al Gobierno nacional, los funcionarios han aprovechado la ocasión para que también se dedique atención frente a la infraestructura de las oficinas que se encuentran en completo abandono y ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores.

Filtraciones de agua en techos y paredes, grietas, así como pisos y tomacorrientes en mal estado, es otra de las preocupaciones de los empleados, particularmente de Ibagué.

“Esto se ve muy bonito, pero llueve más adentro que afuera, no hay papelería, no hay lapiceros, un lápiz, la situación es complicada”, denunció Cortés.