Actualmente está en curso el proceso de convocatoria que realiza el Concejo Municipal para dejar listas las ternas para elección del Contralor y Personero del Municipio en diciembre, proceso del que participa la Corporación Centro de Consultoría Investigación y Edición Socioeconómica, realizando asesoría que fue contratada de manera directa por la Corporación.

Respecto a esta convocatoria, el Contralor de Ibagué, Ariel Medina, señaló: “Concejo y Asamblea deben abstenerse de adelantar procesos de elección de Contralores”, según el funcionario a la espera de que el Consejo de Estado responda al Contralor General de la Nación la solicitud de un concepto jurídico para ratificar la reglamentación de la elección de los cargos en mención.

Dicho pronunciamiento fue rechazado por el presidente del Concejo Municipal, Juan Pablo Salazar, quien indicó que el proceso de convocatoria pública seguirá su curso porque no hay norma que lo impida y que en este sentido dentro del cronograma para dejar lista las ternas antes del 31 de diciembre el cabildo tiene la obligación constitucional de adelantar el proceso de elección.

“Respeto al señor Contralor en todo el sentido de la palabra, pero la forma de él apoyar al Concejo es que emita una misiva o memorando para no parar los procesos de elección”, manifestó Salazar.

Cabe recordar que la elección de personeros y contralores la debe hacer el Concejo en los primeros 10 días del nuevo periodo institucional, es decir, los primeros días de enero de 2020.

“Es la norma superior la que que le coloca una función a la Corporación. Es el nuevo Concejo que tendría que elegir al Personero y Contralor y hay una sentencia que nos pone en aprietos a todos, que es la C-105 de marzo 16 de 2013, esta dice que el concurso debe efectuarse antes de que inicie el periodo constitucional de los Concejos dado que por su complejidad no podrían ser concluidos responsablemente en tan solo 10 días”, explicó el cabildante.

La incertidumbre sobre el proceso y los cuestionamientos al mismo surgen a raíz del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, que asigna a la Contraloría General de la República la competencia de establecer los términos generales para las convocatorias públicas de selección de contralores, pero hasta el momento no se han emitido dichos términos.

Así que, el 23 de octubre, el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, solicitó un concepto jurídico al Consejo de Estado, para ratificar las facultades y la forma para la reglamentación, sin embargo, el tribunal aún no ha emitido respuesta.

En este sentido, Salazar afirmó que el Acto no dice que no se puedan adelantar las convocatorias, “lo mínimo que debería hacer el Contralor General es emitir una circular de advertencia, así lo que podríamos hacer eventualmente como corporación es mirar si se puede firmar un acta de suspensión de la convocatoria mientras se resuelve el tema”.

“Es la misma Constitución la que nos pone en esta situación, porque el concurso para elegir Personero es de méritos, que debe cumplir normas claras y la principal de todas es la publicidad y de correrle traslado para que las personas que se postulen puedan ejercer su derecho de defensa ante cualquier eventualidad”, agregó el Presidente de la Corporación.

Según el concejal el riesgo de no iniciar la convocatoria y de comenzarse un nuevo proceso con los nuevos concejales podría resultar en que el cabildo saliente sea juzgado disciplinariamente por una omisión al deber constitucional.

En ese orden de ideas, restaría que salga el concepto o la reglamentación de la Contraloría General, que podría tener influencia en el actual concurso que tendría entre ‘la espada y la pared’ al Concejo.

Sobre el contrato

El contrato suscrito con el Centro de Consultoría ha recibido cuestionamientos del concejal Javier Mora, quien solicitó que se cancelará anticipadamente argumentando que la empresa no tiene la suficiente experiencia y no está acreditada de alta calidad.

Ante los cuestionamientos de Mora sobre la entidad elegida para realizar la convocatoria, el Presidente del Concejo afirmó que la ley permite que se contarte una entidad especializada en procesos de selección de personal, “y esta tiene la idoneidad y la experiencia en este tipo de procesos”.

Es de destacar que la Procuraduría Regional del Tolima recaudo los dos procesos de elección que reposaban en el Concejo de Ibagué.