Tras la realización de la última audiencia de incumplimiento contra el contratista Unión Temporal Manuel Murillo Toro, encargado de la modernización de las luminarias, Infibagué decidió declarar la nulidad de todo lo actuado, así lo confirmó la gerente del Instituto, Paola Álvarez, quien indicó que no se cumplieron con los requerimientos establecidos en la ley 174 de 2011, lo que obliga a que se reinicien las audiencias.

Dicha ley, en su artículo 86, da unos pasos a seguir para la imposición de multas y declaratorias de incumplimiento para las entidades que contraten con la Administración pública.

Álvarez acotó que leyendo el pliego de cargos contra el contratista se pudo evidenciar que no se le había explicado a este todas las consecuencias que se podrían derivar al dejar en firme su incumplimiento.

“La nulidad obedece a que no se ha cumplido con los requerimiento de la ley 1474 en su artículo 86 y para declarar incumplimientos, multas o sanciones debe cumplirse lo dispuesto (...) leyendo el pliego de cargos, hemos evidenciado que no se dijo claramente, como lo exige el artículo, cuáles iban a ser las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en el desarrollo de la actuación, por esa razón y para evitar una nulidad posterior, se decidió por parte de la entidad declarar la nulidad de todo lo actuado”, señaló la gerente.

No obstante, Álvarez sostuvo que las audiencias contra la Unión Temporal continúan vigentes, por lo que en esta ocasión se pretende volver a iniciar las acciones con un pliego de cargos que contenga lo previsto y expuesto en la ley.

“No queda más que emitir un pliego de cargos que clarifique las acciones que dan incumplimiento, aterrizar estas actuaciones al caso particular y traer a la persona presuntamente sancionada para que tenga el derecho de defenderse”, sostuvo la titular de Infibagué.

Continúa el incumplimiento

La gerente indicó que en esta nueva audiencia, donde hizo presencia el contratista interventor, la empresa HCR Ingenieros, fue este mismo quien ratificó el incumplimiento de la Unión Temporal.

Cabe recordar que como lo evidenció EL NUEVO DÍA, desde enero del 2019, momentos previos a la ejecución del contrato, el interventor ha evidenciado inconsistencias que no permiten que se cumpla con los niveles de luminosidad requeridos.

Desde diciembre de 2019, se viene realizando la audiencia de incumplimiento para determinar si se sanciona y se le aplica la cláusula penal al contratista.

El interventor ha dejado claro que de hacerse efectiva la sanción por incumplimiento el contratista debería pagar $349 millones y una cláusula penal de $698 millones.