Por contratación, Procuraduría abre indagaciones a exalcalde Jaramillo

Crédito: ARCHIVO - EL NUEVO DÍAGuillermo Alfonso Jaramillo, exalcalde de Ibagué.
La entidad del Ministerio Público abrió dos nuevas indagaciones preliminares contra el exalcalde Jaramillo por manejos en la contratación de personal en su último año de gestión, una de ellas relacionada con los funcionarios contratados para el Setp que anualmente le cuestan $600 millones al Municipio.
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Dos nuevos procesos de indagación preliminar inició la Procuraduría contra Guillermo Alfonso Jaramillo, en donde se pretende establecer su responsabilidad en presuntas irregularidades en la contratación que ejerció en su periodo como Alcalde de Ibagué (2016-2019).

La primera indagación fue hecha por la Procuraduría Provincial de Ibagué, en donde también está implicada la exsecretaria Administrativa, Amparo Betancourt, que tiene relación con la presunta violación a los derechos de carrera Administrativa y violación del debido proceso en materia de empleo público en Ibagué.

Es de resaltar que la Administración del exalcalde Jaramillo adelantó una reestructuración de planta de personal de la Administración central, aprobada por el Concejo, que dio forma a 268 nuevos cargos.

Incluso, en noviembre de 2019, el sindicato Unitario Nacional de Trabajadores (Sunet) solicitó la revocatoria a la primera parte de la reestructuración que adelantó Jaramillo, alegando que se vulneraron los derechos de carrera para el personal que labora en la Secretaría de Educación, acto que falló a favor del Municipio.

La segunda indagación preliminar que se abrió contra Jaramillo la hizo la Procuraduría Regional del Tolima, por las presuntas irregularidades en la contratación de 15 empleados a término indefinido para el ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), al parecer, sin funciones definidas, que anualmente le cuestan $600 millones al Municipio.

Situación que se expuso tras el debate de control político que hizo el Concejo para conocer los avances del Setp, donde el secretario de Hacienda, Leopoldo Alfonso, en calidad de encargado del ente gestor, dio cuenta de tal contratación.

El secretario aseguró que no conocía las funciones las personas vinculadas e incluso aseguró que no cumplirían con los perfiles requeridos en las actividades previstas a desarrollar.

En mayo de 2019 mediante un acto administrativo Jaramillo creó los cargos y en noviembre modificó y amplió la nómina; sin embargo los contratos fueron firmados por el exsecretario de Movilidad, José Alexis Mahecha, quien fungió como gerente del Setp la anterior Administración.

Frente a los expuesto por Alfonso, el concejal Javier Mora, calificó de negligente la gestión del secretario a quien acusó de no ponerse al tanto de sus obligaciones como gerente del Setp, “porque los que están nombrados ahí no son amigos, no son de la misma corriente política, no los puso la actual administración”.

 

¿Sin directrices?

Tras la polémica, funcionarios vinculados al ente gestor, dieron cuenta de documentos que le darían la viabilidad correspondiente a su contratación y la gestión realizada los últimos seis meses del 2019.

Si bien el Concejo solo había otorgado autorización para la creación del Setp, una objeción hecha por la Gobernación del Tolima, en su control de legalidad al acuerdo municipal, dio vía libre, señalando que la ley debía establecer los órganos de dirección y administración quienes serán los encargados del ente a conformar.

Además demostraron la existencia de un manual de funciones que estaría vigente desde el 16 de agosto de 2019, firmado por Mahecha, gerente (e) del Setp. Así como un informe de gestión radicado ante la Contraloría municipal, que para ellos daría cuenta de su trabajo terminando la era Jaramillo.

Con la nueva Administración, los empleados aseguran que buscaron al alcalde, Andrés Fabián Hurtado, para conocer quién se haría cargo de la gerencia; sin embargo, a pesar de que al parecer se ordenó una mesa técnica con Alfonso Lannini esta no se habría llevado a cabo. Incluso demostraron que radicaron documentos, el 21 y 27 de enero, en su interés de sentarse con la Administración, dar a conocer su trabajo y también exponer las deudas que se tenían por concepto de retención, arriendos, servicios públicos y la nómina de febrero.

EL NUEVO DÍA

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