Asociación Colombiana de Psiquiatría rechazó postura de Secresalud sobre suicidios

Luego de conocerse el suicidio de un joven en el sector de la variante, la comunidad junto sus manos en oración.
Crédito: JORGE CUÉLLAR - EL NUEVO DÍA
La ACP y la Personería municipal se mostraron preocupadas por el manejo que está dando la Administración a los problemas de salud mental de la población ibaguereña.
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Con una misiva realizada desde Bogotá, la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP), se refirió al pronunciamiento que realizó la secretaria de Salud de Ibagué, Johana Aranda, y mostró su preocupación con respecto al manejo de la conducta suicida que estaría dando el Municipio.

La polémica se generó por las declaraciones de Aranda tras un caso de suicidio en el puente de la Variante, donde mencionó como estrategia, la creación de una red de apoyo con curas y pastores. “Somos unos convencidos de que necesitamos volver a Dios”, aseveró.

Si bien la Asociación se consideró respetuosa de las creencias y doctrinas religiosas, no considera que este fuera el único pilar para el manejo de la conducta suicida.

Asimismo, alertó sobre las cifras que en el 2019 pusieron a Ibagué como la cuarta ciudad con mayor número de casos en todo el territorio nacional, y que en el 2020 tampoco deja un panorama alentador, pues en los primeros meses del año ya se reportaron 7 suicidios en Ibagué y 14 en el Tolima.

“La Asociación se encuentra preocupada por los altos índices de suicidio en Colombia y en especial en Ibagué, de los 2.252 suicidios ocurridos en Colombia en 2019, 120 fueron en el Tolima, 50 sucedieron en Ibagué”, indicó la ACP.

Además resaltó como urgente la necesidad de fortalecer la Unidad de Salud Mental (USM), en materia de cobertura y atención oportuna, además de normalizar los tratamientos de psicología y psiquiatría en Ibagué y el Tolima.

 

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La Asociación también se mostró en total disposición de aportar desde su conocimiento y experiencia con programas y acciones clínicas para mitigar este problemática de salud pública.

“La conducta suicida es un hecho doloroso que impacta significativamente en nuestra sociedad con diferentes causales y desencadenantes, no es cuestión de un solo factor. La enfermedad mental y los intentos previos son factores de riesgo importantes que deben abordarse en forma inmediata en la población, sostuvo la Asociación.

 

Personería solicitó acciones

Ante las declaraciones, la Personería municipal también expresó su preocupación por cómo se prevé abordar el tema y solicitó a las secretarías de Educación y Salud, las acciones pertinentes en aras de prevenir el suicidio, así como un cronograma de los procesos de construcción de una política pública para Ibagué.

“Para esta Personería el suicidio es una problemática de salud pública, por lo cual se debe implementar una política pública integral, en la que de manera transversal todas las entidades del orden territorial desde su misionalidad, diseñen planes, programas y proyectos direccionados a prevenir este flagelo”, indicó Sergio Andrés Gómez, personero encargado.

La entidad del Ministerio Público indicó que de no conocerse acciones para prevenir el suicidio, se podría estar frente a la afectación inminente del derecho a la salud y a la libertad religiosa.

 

Carta abierta

Tras la polémica la secretaria de Salud, Johana Aranda, difundió una carta abierta a la opinión pública e indicó que sus declaraciones no buscaban minimizar la comprensión de la conducta suicida.

La secretaria indicó que la problemática del suicidio se debe abordar con todas las entidades del orden territorial con el diseño de planes, programas y proyecto de prevención y reconoció la idoneidad de los psicólogos y especialistas para el manejo de la problemática.

“Estas declaraciones no buscaban minimizar la comprensión y abordaje de la conducta suicida, mucho menos, tenían como fin desconocer los factores de riesgo y protección que se han identificado, a través del análisis de comportamiento del evento y de la dinámica del contexto social”, indicó Aranda.

Aranda recordó que en Ibagué ya existe una política pública adoptada en el acuerdo 004 de 2015, la cual pretende actualizar.

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