Procuraduría formuló pliego de cargos contra Jaramillo y exsecretario (e) de Cultura

Guillermo Alfonso Jaramillo, exalcalde de Ibagué y Basilio Alexánder Vicens, exsecretario (e) de Cultura.
Crédito: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El convenio 1918 suscrito entre la Alcaldía y la Corporación Festival Folclórico en 2016, para el alumbrado navideño, tiene al exalcalde y al entonces funcionario de la Secretaría de Cultura, respondiendo ante las autoridades judiciales y disciplinarias.
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Por presuntas irregularidades en la suscripción del convenio de cooperación para el alumbrado navideño de 2016, entre la Alcaldía y la Corporación Festival Folclórico, la Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra el exalcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo y el exsecretario encargado de Cultura, Basilio Vicens.

Las presuntas fallas fueron calificadas de manera provisional como gravísimas a título de dolo por la entidad.

El convenio suscrito, avaluado en más de $1.600 millones, le dio facultad a la Corporación para manejar la logística y los espectáculos de la temporada decembrina de 2016; sin embargo, esta subcontrató a una empresa de Bogotá para tal función, lo que expuso una aparente falta de experiencia, idoneidad técnica y administrativa del cooperante.

Por esta situación, la Procuraduría formuló un único cargo a Jaramillo, teniendo en cuenta su participación en la etapa precontractual y suscripción del convenio, en donde posiblemente se habría vulnerado el principio de selección objetiva del artículo 5 de la ley 1150 del 2007 y el de responsabilidad señalado en los numerales 1 y 5 del artículo 26 de la ley 89 de 1993.

Entretanto a Vicens Murillo, la entidad le imputó dos cargos, el primero, por presuntamente haber desconocido los principios de selección objetiva, al certificar a la Corporación, en la que consideraron que el entonces Secretario era consciente de la falta de experiencia e idoneidad de la misma.

“La ejecución del comportamiento reprochado en el primer cargo al disciplinado, estuvo precedido de conocimiento y voluntad y por lo tanto la conducta cuestionada se imputa provisionalmente, a título de dolo”, sostuvo la Procuraduría.

En enero de 2018, ante la Personería, Vicens Murillo indicó que su firma la hizo en calidad de supervisor designado y encargado de la Secretaría. Argumentó que la parte jurídica de estudios previos y análisis del sector fue hecha por la Secretaría de Apoyo a la Gestión a través de la asesora Jénnifer Aya y el soporte técnico y análisis de mercado a través de la asesora de la Secretaría de Cultura.

Sin embargo, para la Procuraduría estas razones no fueron válidas, al considerar que Basilio Vicens para firmar debió conocer el contenido y en lo que se fundamentaba la documentación.

El segundo cargo que se le formuló a Vicens, es por haber suscrito un acta modificatoria a la cláusula Décimo Novena del convenio, que le dio la posibilidad a la Corporación para subcontratar, pues para la entidad del Ministerio Público el ahora exfuncionario pudo haberse extralimitado en sus funciones al no tener competencia para ello, posibilidad que solo tenía el Alcalde.

 

El lío también es judicial

Es de resaltar que las irregularidades en la contratación de 2016 están vigente en los estrados judiciales. Contra Jaramillo está pendiente un juicio oral, el cual está previsto se desarrolle el próximo 13 y 27 de marzo.

En este caso, la Fiscalía acusa a Jaramillo ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito como presunto responsable del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Sin embargo, en este la situación es diferente, pues Basilio Vicens, aseguró en el Juzgado, que no fue él quien firmó el acta modificatoria de la cláusula del convenio, que le da la facultad de subcontratar a la Corporación Festival Folclórico, y argumentó que siempre solicitaba la revisión de los documentos al no ser abogado.

Acta que se allegó al Juez a través de la defensa de Jaramillo, la cual se pidió que no se tuviera en cuenta, pero a la que la Fiscalía 38 adscrita a la Administración en contra de delitos públicos, decidió compulsar copias para que se investigue por la posible falsificación de documento público.

 

Dato

Para el 13 y 27 de marzo está pactado el juicio oral contra Jaramillo por el contrato de 2016.

Credito
EL NUEVO DÍA

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