En 2018 un fallo producto de una acción popular contra el Municipio, hecho por la Procuraduría Judicial Ambiental, ordenó a la Alcaldía asegurar el servicio de agua potable para los habitantes de la vereda Llano del Combeima, situación que derivó en la construcción y entrega del acueducto en donde se hizo una inversión de $1.890 millones. 

Sin embargo, la llegada del agua potable al lugar, que hace parte del corregimiento El Totumo, aumentó una confrontación que en la actualidad divide en dos bandos a la comunidad, por un lado está la Junta Administradora del acueducto Acua Combeima, quien cobra por el servicio y, por otra parte, un grupo de habitantes autodenominados “raizales” quienes han crecido en la vereda y cuestionan el manejo del acueducto. 

El conflicto que existe en el lugar es de tal magnitud que se denuncian malos tratos, presiones e incluso amenazas, pues la comunidad no ha podido conciliar a través del diálogo la distribución de los puntos de agua que entregó la Alcaldía, el pago de facturas y la Administración del recurso hídrico. 
La creación del acueducto, trajo consigo la construcción de la bocatoma, el desarenador y la planta de tratamiento, con 300 puntos de agua disponibles para quienes viven en la vereda. 

Es de resaltar que en Llano del Combeima funcionan dos acueductos, uno antiguo que surte agua no apta para el consumo humano y el inaugurado en 2018, en donde al agua se le hace su respectivo tratamiento.

 Inconformes

Cerca de 40 personas del sector denuncian una serie de irregularidades cometidas por la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Acueducto, una entidad civil sin ánimo de lucro, pues consideran que está en juego el futuro de la prestación de un servicio potable. 

Entre las denuncias la que más les preocupa, es la presunta venta irregular de puntos de acceso de agua potable de forma masiva a lotes, que no tendría ningún tipo de planeación, teniendo en cuenta que la Secretaría de Planeación tiene prohibido el loteo en zona rural.

La misma comunidad mediante misivas dirigidas a la Alcaldía ha puesto de precedente su preocupación pues varios puntos de agua habrían quedado en manos de los encargados del acueducto o entre miembros de su mismo grupo familiar, situación que además estaría dejando por fuera a quienes han vivido por años en la zona, los ‘raizales’. 

Asimismo, este grupo de habitantes, habla de inconsistencias ante la nula estratificación, la elaboración de facturas y una presunta negativa para la entrega de información de la situación administrativa. 

“Ya es hora del cambio, llevan siete años y nos llevan arriados, nos tratan de burros, de analfabetas (...) un documento dice que el agua es exclusivamente para la comunidad que había en el momento, pero las señoras vendieron los 300 puntos al que llegó”, indicó una de las personas del sector. 


  
Todos tienen agua

Entretanto, otra es la mirada de quienes administran el acueducto Acua Combeima, quienes aseguran que las denuncias vienen de un grupo reducido de personas, que estarían detrás de la apropiación y recursos que genera el acueducto. 

Lucila Beltrán, presidenta del Acueducto, confirmó que efectivamente son 300 puntos de agua que viabilizó la Administración para 1.500 personas y descartó que existiera inconsistencia alguna por comercializar puntos, pues de los 300, 245 puntos fueron entregados a quienes, para el momento de la inauguración de la obra, vivían en la comunidad. 

Así las cosas los únicos puntos para comercializar serían los 55 restantes, de los que la Presidenta indicó ya se vendieron 49, esto por solicitudes que llegan hasta la oficina administrativa, que dan fe de la propiedad de predios en la vereda, uno de los requisitos establecidos en los estatutos. En la actualidad solo quedan 6 puntos para comercializar. 

La Presidenta descartó que exista un desabastecimiento, pues el agua potable, llega las 24 horas a cada una de las viviendas que tienen instalado un punto de agua e hicieron la correspondiente acometida en la tubería. 

“A nadie se le ha negado el servicio, son ellos quien le niegan el servicio a su familia por no conectarse a los puntos”, indicó Beltrán.

Asimismo denunció que pese a que el servicio de agua potable es constante y de buena calidad, quienes se consideran afectados, tampoco cancelan por el suministro. A corte de diciembre de 2019 la deuda era de $1.795.330 por el no pago de 73 familias. 

“Esto tiene que ser autosostenible y si la gente no paga entonces vamos a estar en problemas, porque no podemos sostenerlo, no estamos recogiendo ni $3 millones de pesos y ellos están pensando que nos estamos llenando de dinero”, puntualizó Beltrán.



Las autoridades

Tras la polémica y como solicitud de los diferentes afectados, César Gutiérrez, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, arribó hasta la vereda para escuchar a la comunidad. 

El hecho que más preocupó al secretario, es la ausencia del agua potable en infraestructuras vitales, como lo es la escuela ubicada en el sector y el centro de salud, quienes a la fecha se surten del acueducto antiguo, agua no potable.

A los oídos de Gutiérrez también llegaron las denuncias de la comunidad que hablan de la parcelación de lotes que tienen puntos de agua, para en su venta asegurar el recurso, incluso la negativa de venta para quienes viven en el lugar hace más de 30 años. 

“Yo hice un requerimiento muy puntual y es que me parecía totalmente absurdo que la escuela no tuviera agua potable cuando están los mismos niños de la comunidad, son de los más vitales y necesarios”, indicó Gutiérrez. 

Ante la negativa para que la gente se ponga de acuerdo, el funcionario notificó la situación a la Personería para que haga su intervención, al inspector para que supervise la parcelación de los lotes, y ofició a la Superintendencia de Servicios Públicos para que “ilustre a la comunidad”. 

Al respecto EL NUEVO DÍA se comunicó con la Personería quien dio cuenta de que el proceso ante un inspector y ante la entidad ya se surtió con anterioridad. 

Sin embargo, la competencia recaería directamente sobre la Superservicios, pues el acueducto se constituye como una empresa privada prestadora de un servicio público, situación que limita la vigilancia y control que pudiese establecer la Personería.