Más de 100 personas integrantes de cuatro asociaciones de reciclaje de Ibagué instauraron una acción de tutela contra la Alcaldía buscando que se les permita, a quienes están en el rango de edad avalado por el Gobierno nacional, salir a realizar sus labores diarias en la ciudad.

Con el respaldo del abogado Joaquín Torres, conocido como el ‘rey de las tutelas’, la Cooperativa Multiactiva de Recuperadores de Reciclaje del Tolima, Cooresuntol, la Asociación de recicladores Los Pijaos, la Asociación de recicladores Renacer y la Asociación de recuperadores Ambientales del Nuevo Combeima, Asoreanc, argumentan que desde la Administración se les ha “impedido” ejercer su labor, pese a que están seguros de que existe un aval del Gobierno nacional.

La comunidad de recicladores, mediante la acción de tutela indica que su trabajo está habilitado desde abril cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, le indicó a gobernadores y alcaldes que las empresas de servicios públicos tenían garantizada la movilidad pese a la restricción.

“La labor de reciclaje se encuentra dentro de las actividades que no fueron suspendidas, el Alcalde de Ibagué contrariando la orden nacional decidió prohibir de manera rotunda la labor a los actores, lo cual les ha generado grave afectación de su mínimo vital hasta el punto de que las asociaciones que los agrupan han tenido que acudir a la caridad pública para conseguirles un poco del alimento que requieren para subsistir”, reseña la acción de tutela.

Los representantes legales de las asociaciones han indicado que han recurrido a varias medidas para ser escuchados por lo que la tutela es su última opción, pues pese a que hicieron un ‘cacerolazo’ el viernes 15 de mayo frente a la Alcaldía, no hay repuestas de las autoridades, además la situación comienza a ser más crítica porque las ayudas que han logrado conseguir ya se acabaron.

“No podemos salir a trabajar porque nos están negando el derecho al mínimo vital de subsistencia de los recicladores, si ellos no reciclan no se pueden alimentar ni sostener a sus familias”, indicó Blanca Lucía Carvajal, representante de la Asociación de recicladores Los Pijaos.

Maribel Ramírez, de la Asociación de Recicladores Renacer, sostuvo que entre el grupo de recicladores hay varios adultos mayores que tienen prohibida su circulación, pero que necesitan atención, ya que varios de ellos son quienes llevan el ingreso para su núcleo familiar.

“Ellos son ‘abuelitos’ que sostienen a su familia, fuera de ellos está su grupo familiar que también está pasando necesidades”, indicó Ramírez.

Gloria Franco, representante legal de Cooresuntol, indicó que tampoco han recibido ayudas y que pese a que Carlos Portela, secretario de Gobierno los atendió, aseguran que tampoco se les dio vía libre para iniciar las labores.

“Ellos nos dicen que no podemos trabajar porque no estamos dentro de las excepciones y resulta que a nosotros nos amparan unos decretos, nosotros somos cooperadores de aseo en aprovechamiento y nos toca salir a cumplir con el servicio y si nos dejan trabajar la Superintendencia nos puede sancionar”, indicó Franco.

Agregó que “piensan que por ser organizaciones de recicladores no conocemos de leyes, decretos y derechos, nosotros no estamos mendigando derechos ganados, estamos exigiéndolos, porque ya los ganamos”.

Las representantes de la las asociaciones ahora están a la espera del fallo de la acción popular; sin embargo, aseguran que varias personas del gremio ya empezaron su labor amparados en la ley.

Esta redacción se intentó comunicar con la Secretaría de Gobierno para conocer las acciones al respecto, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Que paguen cumplidos

De manera adicional la tutela también pide que se le ordene a Interaseo pagar “con estricta puntualidad los dineros que corresponden a los actores como contraprestación de su invaluable labor”.

En la acción popular se argumenta que dichos dineros son vitales, teniendo en cuenta que los trabajadores reciben ingresos menores a un salario mínimo legal vigente.