El concejal Rubén Darío Correa dio a conocer en medio de las sesiones virtuales del cabildo ibaguereño las observaciones de la auditoría express que realizó la Contraloría de Ibagué a los contratos de la Alcaldía suscritos durante la actual declaratoria de urgencia manifiesta.

En el marco de la emergencia la Administración suscribió cuatro contratos avaluados en más de $5.934 millones, mismos por los que la entidad en su informe preliminar evidenció hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales, y por lo que se habla de un presunto detrimento de más de $706 millones.

“Me surgen varias preguntas: ¿El Contralor General de la República conoció este informe? ¿Cuándo saldrá el informe definitivo? ¿Cuál de los entes de Control tiene prevalencia? ¿Contraloría General o Municipal? ¿Es cierto que los investigadores que proyectaron este informe fueron cambiados de cargos como informan medios de comunicación? Dejo abierto el debate”, indicó Correa.

Es de resaltar que el informe de la Contraloría municipal expuesto en el Concejo está en una fase preliminar, toda vez que debe ser controvertido por la Alcaldía. Esta carta de observaciones ya fue remitida a la Administración el pasado 4 de mayo, una vez se haga este proceso se deberá entregar el informe final.

Los polémicos kits por la vida

El contrato con más relevancia es el suscrito con la cadena de supermercados Mercacentro por $5.575 millones, mismo por el que se le abrió una indagación preliminar en la Procuraduría al alcalde Andrés Hurtado y a su exsecretaria de Desarrollo Social, Martha Villarreal, y que ha sido denunciado por los concejales por presuntos sobrecostos, mismos que ahora evidenció de manera preliminar la Contraloría municipal y que podrían generar un detrimento al erario público.

Los hallazgos del equipo auditor hablan de debilidades en la planeación y determinación de precios que presuntamente generaron sobrecostos por más de $681 millones, luego de que la cadena de supermercados en el costo operativo general le cobrara a la Alcaldía 2.83% en impuestos y gastos legales, y 3.72% en estampillas.

Dichos costos fueron calificados como inadmisibles por el equipo auditor teniendo en cuenta que los porcentajes se le generan al supermercado al suscribir el contrato, sumado a que es una entidad del Estado.

“La Alcaldía estaría asumiendo el pago de los impuestos a cargo de supermercados Mercacentro, los que hacen parte de su tributación y que son causados en virtud a la utilidad obtenida por este al suscribir el contrato”, reseñó la entidad.

En cuentas de la Contraloría, estos costos incrementaron presuntamente el valor de cada uno de los mercados en $13.112, que trasladado en los 52 mil mercados, representa un sobrecosto total de $681 millones.

Además la entidad habló de una presunta debilidad en la entrega de mercados por parte de la empresa 4-72, pues de las 1.500 llamadas hechas a los beneficiarios en un informe que entregó la Alcaldía, 232 de estas personas manifestaron no haber recibido ninguna ayuda, generando una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria penal y fiscal por $24 millones 874 mil.

El ente de control también habló de incertidumbre en los principios de transparencia y planeación en la caracterización de la población, pues en unos casos las planillas ya habían sido firmadas antes de que se entregaran los mercados y otra porque la caracterización se hizo en el mismo momento en que estaban en la entrega de ayudas en los barrios, esta situación para el equipo auditor es una observación de carácter administrativo con presunta incidencia fiscal.

Transporte de personal de salud

Otra de las observaciones que hizo la Contraloría tiene que ver con el desacato a los protocolos de salubridad de los buses que actualmente desplazan al personal de salud por la ciudad, pues no se estaría acatando el distanciamiento social establecido.

“Los ocupantes pese a no ir el bus en su capacidad máxima, se ubican de dos personas por silla, situación con la que se estaría vulnerando los protocolos de bioseguridad expedidos por el Gobierno nacional y que puede generar un foco de contagio”, acotó la Contraloría.

Dudas por movimientos en Contraloría

Una vez se expuso el informe preliminar, el concejal Javier Mora, advirtió de otras situaciones, que a su juicio, se desprenden de la información, teniendo en cuenta los movimientos en el personal del ente de control que se generaron en los últimos días. Cabe recordar que hace unos días el contralor, Iván Darío Delgado, sostuvo que se realizó el cambio del Director Técnico de Control Fiscal, Walter Bonilla, quien es la persona que elaboró el informe; sin embargo señaló que esta situación no tendría ningún impacto en las auditorías.

“Cómo así que después de este documento quienes lo firmaron fueron removidos de sus cargos y otros que no podían los trasladaron a otras dependencias de la misma Contraloría debido a la radicación del documento, la primera pregunta es, el contralor firmó de pronto sin percatarse, porque después de radicado y firmado fue que sacó al Director Técnico de Control Fiscal, Walter Bonilla, sacó Julio César Gutiérrez y trasladó a Mario Alejandro Cabezas, todos de la auditoría express”, cuestionó el cabildante.

Mora además dejó en entredicho la apreciación del contralor General, Felipe Córdoba, luego de que desde el ente de control nacional descartaran sobrecostos en la Administración.

“Vemos que pululan las manifestaciones en los barrios por falta de ayudas pues tenemos que estar pendiente de qué está pasando con estos mercados”, puntualizó el cabildante.

Call center para Covid-19

Frente al contrato de Call Center que suscribió la Alcaldía para la atención de casos de Covid-19 en la ciudad, avaluado en $88 millones 632 mil, la Contraloría hizo una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, luego de considerar que existió una presunta debilidad en la planeación para determinar los equipos de trabajo, según argumentó el equipo auditor luego de que la Secretaría de Salud no tuviera en cuenta la relación del personal según los puestos de trabajo.

Dato

En el informe preliminar de la Contraloría no se evidenció que la entrega de mercados estuviera destinada a personas con afinidad política a la Administración.

Dato

En el trabajo de campo el equipo auditor indicó que se entregaron los productos previstos con la calidad exigida.