Sergio Andrés Díaz, personero delegado para los servicios públicos y medio ambiente, indicó que la comunidad ha mostrado su preocupación por la calificación del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (Irca) del acueducto que les surte el servicio pues no es potable.

Asimismo, por los efectos de la planta de tratamiento compacta que tienen dentro del conjunto para corregir la calidad del agua, pues su funcionamiento se ve reflejado en el uso de energía constante de las zonas comunes y por la que mensualmente se cancelan entre $7 y $8 millones.

“Es de resaltar que la firma constructora dejó conectada esta planta a la red eléctrica de zonas comunes del conjunto lo cual genera cobros mensuales muy elevados en el consumo de energía entre $7 y $8 millones de pesos, afectando seriamente la economía de los residentes en este lugar”, indicó el personero delegado.

Y agregó, “para ellos se ha hecho bastante difícil entrar a cubrir este gasto porque la planta necesita una motobomba que esté subiendo el agua hasta la planta de tratamiento que está todo el tiempo”.

Ante la situación, el ente de control pasó un requerimiento al Ibal para determinar si se otorgó disponibilidad de servicios sanitarios para la construcción de este conjunto.

La Personería aseguró que aunque Cortolima le otorgó a la constructora un permiso para extraer aguas subterraneas, ha negado en dos oportunidades la concesión de agua.

Otras afectaciones

Además del agua, la comunidad aseguró que no han sido entregadas algunas zonas comunes y que existe un talud que debe ser intervenido.

Para esto se solicitará al Curador Urbano los planos que permitan identificar de qué manera se proyectó la construcción de Altos de Miramar y verificar a través de la Dirección de espacio público si esta unidad residencial cuenta con el respectivo certificado de habitabilidad.