El del valor más representativo tiene que ver con una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicio Públicos domiciliarios por $80 millones 467 mil pesos, que se presentó por la falla en la prestación del servicio de alcantarillado y la omisión de un manual de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, pese a los insistentes llamados de la comunidad.

Otro de los detrimentos es de $60 millones 211 mil pesos al considerar que las facturas canceladas en el contrato 254 de 2017 no cumplían con la totalidad de los requisitos establecidos.

Un hallazgo hace referencia a otras sanciones, silencios administrativos e incluso pago irregular del impuesto predial.

Dentro de la auditoría el ente de control fiscal además determinó que el comité de normalización de cartera y depuración de facturación del Ibal, no ha hecho el trámite de depuración y tiene una cartera con más de 10 años de antigüedad, que provoca que los estados financieros no concuerden.

“Se evidenció graves falencias en el desarrollo de las competencias del comité de cartera. Se evidencia cartera en mora con más de 10 años de antigüedad por un valor de $575 millones 339 pesos, la cual no fue objeto de proceso alguno llevando a varias situaciones que perjudican tanto los balances como la respectiva situación contable de la entidad”, advirtió el contralor de Ibagué, Iván Darío Delgado.

DATO

El proceso de auditoría regular se llevó a cabo desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de ese mismo año.