Un nuevo fallo de tutela del Juzgado Quinto Penal del circuito con funciones de conocimiento, ratificó la sentencia que se profirió el 28 de agosto por el Juzgado 11 penal municipal que ordena siete días de arresto y una sanción económica contra la secretaria de Educación, Jenny Carolina Mesa.

La decisión se determinó luego de que se considerara que desde la Secretaría no se dio una respuesta de fondo a un derecho de petición hecho por Sandra Patricia Castro, en representación de la empresa Aguialarmas.

Castro solicitó información sobre el proceso contractual que adelantó la dependencia para la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada para las instituciones educativas.

El derecho de petición busca conocer las razones y exigencias del pliego de condiciones, así como el estudio técnico para tales requerimientos, aduciendo que estos no se veían reflejados en los estudios previos y del sector que estaban publicados en la página de contratación estatal. 

Sin embargo, la Secretaría indicó que esta petición ya había sido resuelta en la etapa de resolución de observaciones establecidas en el proceso precontractual a través del Secop II, razón por lo que impugnó la decisión inicial.

Exposición que para el Juzgado no resultó válida para suponer la emisión de una respuesta de fondo frente a un derecho de petición elaborado por la peticionaria.

El Juzgado consideró que: “la entidad accionada limitó su respuesta”, pues indicó que lo hizo en medio del proceso contractual y en respuesta a las observaciones de la empresa Aguialarmas, pero no en el derecho que le asiste a Castro en su condición de peticionaria de acceder a la información.

El contrato de seguridad

El contrato que tiene envuelta a la funcionaria de la cartera de Educación en líos jurídicos es la selección abreviada de subasta inversa que se le adjudicó a la empresa de seguridad El Trébol por $568 millones.

En este mismo proceso se presentó la empresa Aguialarmas, que hizo varias observaciones a las peticiones exigidas.

Silvio Acosta, propietario de Aguialarmas, indicó que a través de su apoderada pretende por la vía judicial conocer el por qué de las exigencias, que a su juicio son exageradas y evitan que no solo su empresa, sino otras cerca de 80 empresas de la ciudad con la misma figura no cumplan y no puedan participar en las licitaciones públicas.

"Ellos no respondieron de fondo, se les preguntó una cosa y contestaban otra y eso no era, la respuesta es que todo estaba en el pliego de condiciones y en derecho no se responde así”, señaló Acosta, quien también pretende hacer la denuncia ante los entes de control pertinentes.

Es que las exigencias no solo se presentaron en el proceso contractual para la seguridad de las dependencias de la cartera de educación, sino en otras entidades del orden municipal y departamental como el Ibal, Imdri, Alcaldía de Ibagué, Indeportes y  la Gobernación del Tolima, incluso varias fueron adjudicadas a la empresa de seguridad El Trébol.

Entre la información que se requiere, se pide explicación del personal técnico exigido que para unos casos debe tener entre 5 y 10 años de experiencia, además de haber pertenecido a la Fuerza Pública.

“Pedían que las personas pertenecieran a las Fuerzas militares, unas con el grado de coronel, sargento o mayor, es discriminatorio. Antiguamente podían trabajar en las empresas siempre y cuando tuvieran tarjeta de reservista, pero eso es anticonstitucional y se abrieron escuelas de capacitación”, reseñó Acosta.

Asimismo, cuestionó la exigencia de licencias de comunicación a nivel nacional pese a que los servicios prestados son locales.

“Piden una licencia nacional de comunicaciones, pero hombre el contrato es para Ibagué, no necesitamos ni comunicarnos con Pasto, Medellín o Bogotá, para qué se necesita”, dijo Acosta.

Destacado

La funcionaria impugnó la decisión en primera decisión, pues consideró que sí dio respuesta a la información solicitada, pero el Juzgado confirmó la sentencia por el desacato.