El próximo 19 de octubre, el contrato 2511 que tuvo como objeto la contratación de las obras para el sistema de abastecimiento de agua potable de la futura zona de expansión de Ibagué: Etapa I, completa 5 años desde que se firmó su acta de inicio; la estructura que en el proceso de licitación estaba prevista que se construyera en 5 meses permanece sin terminar y en completo abandono.

La obra que se suscribió con una inversión inicial de $9.970 millones con el consorcio Atria 2015, tenía la intención de que se instalara un tanque de almacenamiento de 10 mil metros cúbicos en inmediaciones de la Fiscalía, mismo que iría interconectado a los tanques del Ibal de la calle 29, Mirolindo y Picaleña, pero al momento el contrato que ya pasa por dos nuevas Administraciones sigue en puntos suspensivos.

A través de una misiva y derechos de petición allegados a la Alcaldía de Ibagué y a la Contraloría municipal, la Veeduría Agua para Ibagué (V.A.P.I.) pretende hacer seguimiento a esta obra que por su estado actual representa un detrimento al erario y se convierte como lo indica la veeduría en un “elefante blanco”.

Una de las principales inquietudes de V.A.P.I. parte desde la misma suscripción del contrato en el Gobierno de Luis H. Rodríguez, pues el objeto del mismo hace parte de las competencias del Ibal y no de la cartera de Desarrollo Rural, que quedó al tanto del proceso, para ese entonces en manos del titular de esa cartera Francisco Montoya, esto pese a que todos los estudios previos estaban sustentados en la consultoría que realizó el consorcio IEH Grucon - Profinvest en un contrato suscrito por el Ibal en 2012.

En la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, el proceso contractual continuó en manos de la Secretaría de Desarrollo Rural y después pasó a la cartera de Medio Ambiente.

En 2018, después de tres años con el contrato suspendido, a la ciudad llegó el tanque de almacenamiento, que tuvo que ser importado de Londres, situación que informó el entonces secretario de Desarrollo Rural, César Picón, y quien indicó que el mismo reposaba en una de las bodegas del Parque Logístico, ubicado en el sector de Buenos Aires.

Para ese entonces ya el consorcio solicitaba una adición de $3 mil millones de pesos por ítem no previstos, y daños y perjuicios por sobrecostos asumidos por los contratistas, recursos que fueron avalados por el Municipio, pero en noviembre de 2018 la Alcaldía  inició la audiencia de incumplimiento por los constantes retrasos. 

En 2019 fue el consorcio Atria quien denunció y recusó en la Fiscalía a la exsecretaria de Medio Ambiente, Amparo Cortés, así como al entonces asesor, Diego López, por presuntas irregularidades del Municipio en el proceso sancionatorio.

¿Sin doliente?

Una visita de V.A.P.I. al sector donde se supone debería estar instalado el tanque de almacenamiento, también conocido como el tanque de la Fiscalía, evidenció lo que calificó como “el abandono total”.

En el lugar, el hierro instalado para hacer la cimentación del tanque metálico y que tiene cerca de 28 metros de diámetro, está completamente oxidado y la maleza con el paso de los años va tomando su espacio y crece entre la estructura.

“Se realizó visita al sitio para el tanque de la referencia, no existe vigilancia, la obra está totalmente abandonada, los hierros completamente oxidados por estar expuestos al sol y al agua durante cinco años, se percibe un ambiente de abandono total, no hay doliente.

La malla de cerramiento está deshecha, nacieron plantas al interior de la cimentación, estamos frente a un detrimento patrimonial único y del orden de los $10.000 millones”, advirtió la veeduría.

El estado de la base, también prende las alarmas sobre el posible estado del tanque de almacenamiento, que según las autoridades continúa en una bodega, pero del que se desconoce si los años han generado afectaciones.

“¿Será que las piezas del tanque metálico, sus empaques de neopreno y demás componentes del mismo, habrán sufrido deformación y deterioro por tener 4 años almacenados y hayan perdido el ajuste entre sí, cuando lo empiecen a armar sobre la cimentación correspondiente?”, se cuestionó la veeduría.

V.A.P.I. no dudó en indicar que: “existió una total descoordinación entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Ibal”, porque incluso tampoco se lograría establecer si la garantía del fabricante por el tanque de almacenamiento existe, cómo se va a llenar el mismo, si no está presente la tubería que trae el agua del tanque ubicado en la calle 29 o incluso quién es el responsable del pago de la bodega en donde desde el 2018 reposarían las partes del tanque, que armado supera los 16 metros de altura.

¿Y la Contraloría?

Ante la situación y advirtiendo un detrimento al erario, V.A.P.I.,  a través de un derecho de petición, pidió la oportuna intervención de la Contraloría de Ibagué, pues transcurridos 5 años de la firma del contrato no existen actuaciones contundentes por los hechos.

La veeduría pretende conocer el lugar donde reposa el tanque traído del exterior, así como los cruces de información financiera que han hecho las partes involucradas.

La Contraloría como respuesta indicó que el requerimiento lo hará a través de la Dirección Técnica de Control Integral; no obstante, señaló que el proceso auditor tiene cerca de 6 meses para poder emitir una respuesta de fondo, es decir, hasta marzo del 2021.

Sin embargo, en 2018 el ente de control de finanzas públicas ya había hecho un reparo por un hallazgo disciplinario con posible alcance penal al celebrarse el contrato sin el presunto cumplimiento de los requisitos legales.

Por las vías judiciales

Con la llegada del nuevo Gobierno de Andrés Fabián Hurtado, el Municipio y el consorcio Atria 2015, siguen sin llegar a un acuerdo, y la situación ahora se discute en los estrados judiciales.

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, César Gutiérrez, indicó que la aseguradora ya logró recuperar parte de la inversión, de la cual no precisó la cifra. El proceso ahora reposa en la Oficina Jurídica.

En marzo, el exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Andrés Bedoya, indicó que el contratista le está reclamando al Municipio más de $4 mil millones, en donde suma la actualización de precios, la permanencia en la obra y los trabajos que logró ejecutar; sin embargo, en el Juzgado se definirá si se le da la razón o no al consorcio.

En caso de una eventual liquidación, se tendría que hacer una revisión por parte de profesionales para determinar el estado actual de la obra.

Cabe destacar que el consorcio Atria 2015 ha indicado en varios espacios que el incumplimiento ha sido por parte del Municipio, quien ni siquiera otorgó los permisos ambientales y de servidumbres para la ejecución del proyecto. De hecho en Cortolima reposan dos autos del 2016 en donde la solicitud de aprovechamiento forestal la hace directamente el contratista.

Esta redacción se comunicó con Andrea Mayoral, actual jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía para saber cómo va el proceso, pero al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.

DATO

La obra está totalmente abandonada, los hierros completamente oxidados por estar expuestos al sol y al agua durante cinco años, se percibe un ambiente de abandono total, no hay doliente.

Veeduría Agua para Ibagué (V.A.P.I.)