Según la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, a través del sistema de control de procesos, contra el Municipio en la actualidad existen 1.744 demandas, de ellas 1.592 activas cursando el debido proceso en los despachos judiciales.

La cifra la dio a conocer Andrea Mayoral, directora de la Oficina Jurídica ante el Concejo de Ibagué, para rendir cuentas sobre las demandas y procesos que se surten en la Administración municipal y que involucran acciones de periodos anteriores.

Del número de procesos activos 1.061 tienen que ver con procesos que se surten en la jurisdicción contenciosa administrativa, 348 en la jurisdicción constitucional y 183 más en la jurisdicción ordinaria.

La funcionaria, indicó que los fallos y conciliaciones le han costado al Municipio $15.678 millones en los últimos 5 años, solo para el 2020 ya se han desembolsado $1.860 millones.

Sin embargo, advirtió que existe una variación en los montos cancelados entre el 2018 y 2019, pues para esos años por sentencias se canceló $5.974 millones y $3.929 millones respectivamente.

“Luego de efectuar la revisión en los antecedentes y documentos que reposan en la Oficina jurídica, se logró determinar que corresponden al pago de una demanda cursada ante la jurisdicción laboral que surtió todas sus etapas, determinando que existía una responsabilidad. Se tuvo que pagar en 2018 y no ha sido pagada en su totalidad, estamos en trámites de pago”, sostuvo Mayoral.

Para el concejal Arturo Castillo, citante al debate, existen muchos pagos cuyos valores están desbordados y cuestionó si en su momento se realizó la defensa adecuada para contrarrestar la cancelación de altas sumas de las arcas del Municipio.

“Se efectuaron muchos pagos desbordando los valores, si bien la ley no lo prohibe donde queda la defensa jurídica del municipio, pagamos 60% de indemnización moratoria y no se da la pelea jurídica”, indicó Castillo.

El cabildante indicó que de los más de $15 mil millones que ha desembolsado la Alcaldía por pago de fallos judiciales, $4.282 millones tienen relación con 96 demandas ordinarias laborales.

“Los exfuncionarios del municipio han tomado decisiones que han perjudicado las arcas del Municipio, servirían para hacer obras y ayudar familias”, acotó el cabildante.

Asimismo, advirtió que con el número de demandas activas la Alcaldía podría perder más de $138 mil millones, “prácticamente llevarían al municipio a una quiebra total, hay preocupación”, dijo Castillo, quien pidió la intervención de los entes de control.

De la misma manera le pidió a la Alcaldía de Ibagué, mayor celeridad para retomar los términos judiciales que se frenaron por la pandemia. A la fecha la Oficina Jurídica ha radicado 8 acciones de repetición.

Contraloría hará auditoría

Durante la sesión del Concejo, hizo presencia el contralor municipal, Iván Darío Delgado, quien aseguró que para el 2021, hará una auditoría para determinar si existen irregularidades en las acciones realizadas por los funcionarios que han pasado por el Gobierno local en varios años.

“He tomado nota de todas y cada una de las irregularidades manifestadas en cuando a la no iniciación de acciones de repetición, las conciliaciones que se han realizado y los montos pagados reconocidos, especialmente en el año 2018, donde se manifiesta que se hizo un pago superior a los $5 mil millones y se evidencia un aumento de un 300%”, aseguró Delgado.