La intención de que Ibagué sea sede del Sudamericano de Fútbol Sub-20 para el próximo año, hizo que la Alcaldía adelantará de forma ágil todo un proceso contractual para mejorar las instalaciones del estadio Manuel Murillo Toro, el compromiso ha sido tanto del Municipio como del Departamento, quienes por ahora están sujetos a los requerimientos de la Federación Colombiana de Fútbol.

Actualmente en el estadio, avanza la ejecución del contrato 1921 avaluado en $3 mil 132 millones y suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y el Consorcio AME, representado por Mario Gabriel Jiménez, con el mismo se pretende en un plazo de 45 días hacer adecuaciones en camerinos, salas de VIP, de prensa, de comidas, un museo, entre otros.

A través de redes sociales, la Alcaldía ha mostrado la intervención y demolición de varios espacios para darle ‘forma’ al escenario deportivo; sin embargo, para la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi), el proceso de construcción podría ser el reflejo de un presunto detrimento al patrimonio, esto teniendo en cuenta que solo hace 5 años, en el 2015, se le hizo una intervención ascendente a los $15 mil millones a este mismo escenario.

“Es preciso evaluar el proceso evolutivo de la contratación pública en la capital del Tolima, para ver si los organismos de control finalmente desempeñan su función o a los administradores les produce alguna vergüenza o contrición el perseverar en el censurable error.

Las labores de la enésima remodelación del estadio Manuel Murillo Toro sirven para contrastar el dañino modus operandi a través de los años y la alucinante evolución del punible sistema”, aseveró Vapi.

La veeduría señaló que no existen razones claras para legalizar las demoliciones de varios puntos, por ejemplo, los camerinos que para ese entonces fueron recibidos a satisfacción por el Municipio.

“No existen justificaciones para legalizar las demoliciones, todo se encontraba en buen estado, las construcciones cuando están nuevas, huelen a nuevo”, dijo el ente de control ciudadano.

Asimismo, cuestionó que no existió la intención de recuperar materiales para minimizar gastos, por el contrario se demolió todo aquello que no encajaba con las nuevas adecuaciones.

“Estructura de cielo raso destruida completamente, no existió desmonte sino demolición, cero recuperación de materiales. Destruir es fácil, sobre todo cuando nada nos cuesta”, acotó el ente de control ciudadano.

La veeduría además volvió a poner sobre la mesa, la ausencia del reforzamiento estructural que requiere el ‘Coloso de la 37’ en aras de conservar las vidas humanas ante un eventual sismo, inversión que considera sí es importante y que al igual que en el 2015 no se contempló con la nueva inversión.

“Se gastaron en el 2015, $15.500 millones que hoy se ven reducidos a polvo para volver a malversar otros $3.132 millones, mediante una controvertida licitación, y encargar del tema a quien tiene el nefasto antecedente del megaparque Santa Rita, que ya se reseñó con precisión por parte de esta veeduría y nadie ha controvertido”, puntualizó Vapi.

Comunicado a la opinión pública. La evolución

Por estos días, en los que la humanidad celebra el sesquicentenario de la aparición del tratado de Charles Darwin, denominado El origen de las especies, en el que se enuncia el proceso evolutivo de los seres en el planeta, es preciso evaluar el proceso evolutivo de la contratación pública en la capital del Tolima, para ver si los organismos de control finalmente desempeñan su función o a los administradores les produce alguna vergüenza o contrición el perseverar en el censurable error.

Las labores de la enésima remodelación del estadio Manuel Murillo Toro sirven para contrastar el dañino modus operandi a través de los años y la alucinante evolución del punible sistema.

Como corolario se le ofrece al lector y desprevenido ciudadano una serie fotográfica de la demolición actualmente en proceso en el estadio para que saque sus propias conclusiones.

Con el objeto de no abrumar, ni entristecer adicionalmente al contribuyente, esta veeduría se concentrará en el recuerdo de apenas tres de los momentos evolutivos de la contratación; con un elemento que se repite: la reaparición sucesiva de los contratistas o los contratantes.

Y como dice la Biblia: “En el principio era el verbo”; por lo que el ciudadano debe situarse en la época del imperio del brazo político del Cartel de Medellín, cuando funcionaban instituciones que han mutado en sus nombres, pero el saqueo se mantiene.

Una se llamaba Empoibagué, que dependía del Insfopal. Allí estaba establecida una coima que beneficiaba al administrador, sus asociados y mandantes; tal tarifa que escandalizaba en la época, se advierte minúscula ante lo acontecido con posterioridad. Más pese al antecedente, al reconocido burócrata le fue encomendada la implementación de un programa tecnológico en las instituciones escolares del departamento (con el patrocinio del gobierno español) con lamentables resultados y para rematar, se le contrató para hacer la primera restauración del Panóptico y así inauguró la triste historia de este desastre.

Un paso adelante se escenificó con la construcción de una denominada “Avenida fantasma”, en donde no se supo con certeza a dónde fueron a parar los recursos asignados y solo años después, y en una nueva regencia del ejecutor, pudo verse concretada; igual al penoso camino que ha padecido el inconcluso proyecto del Acueducto Complementario.

La evolución continuó con paso firme con el ahora conocido como “Método Luis H.”, que consiste en destruir lo que existe y malversar los recursos destinados a reemplazar lo derruido, pese a que se acumulan las necesidades y las carencias de la población, que seguramente podrían ver empleados esos recursos en decenas de proyectos prioritarios. Este pernicioso sistema hizo aparición con los fracasados Juegos Nacionales de Ibagué, ya que cinco años después, la gente ve con rabia y enojo las ruinas del complejo de piscinas, el coliseo cubierto, el Panóptico, el parque deportivo y, ahora el estadio Manuel Murillo Toro.

Respecto de este último, se gastaron en el 2015, $15.500 millones que hoy se ven reducidos a polvo para volver a malversar otros $3.132 millones, mediante una controvertida licitación, y encargar del tema a quien tiene el nefasto antecedente del Megaparque Santa Rita, que ya se reseñó con precisión por parte de esta veeduría y nadie ha controvertido.

¿Será que la evolución nos depara algo aún más siniestro?

No se sabe dónde se han perdido más recursos económicos: si en los fallidos contratos o pagando salarios a los inoperantes funcionarios de las IAS.

Estamos frente al típico ejemplo de un detrimento patrimonial.

Impresiona ver cómo demolieron lo que fue construido en el año 2015 para los Juegos Nacionales. La inversión en ese año fue de $15.500 millones de pesos.

Estructura de cielo raso destruida completamente, no existió desmonte sino demolición, cero recuperación de materiales.

Pareciera que nos hubiera tocado el huracán IOTA, pero nos tocó el fenómeno de la corrupción.

Demolición: “Destrucción de un edificio o construcción”, destruir es fácil, sobre todo cuando nada nos cuesta.

Destacado

Las obras que licitó la actual Alcaldía están previstas para que se ejecuten en 45 días.

Frase

"Destruir es fácil, sobre todo cuando nada nos cuesta", Veeduría Agua para Ibagué (Vapi).