En lo corrido del año y en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal, casi que triplicó el número de morosos por el no pago de la factura, que pasó de 9 mil en 2019, a 26 mil a corte de diciembre de este año.

La situación fue expuesta por Óscar Gutiérrez, director comercial, en la rendición de cuentas que realizó de forma virtual la empresa. El director sostuvo que no ha sido un año fácil y que el impacto en las finanzas es atribuido en parte a la decisión tomada desde el Gobierno nacional que ordenó la no suspensión y reconexión del servicio de agua potable a más de tres mil usuarios morosos en la ciudad.

Para este año el recaudo de la empresa aún no llega a los $60 mil millones, en comparación con el 2019 donde la cifra se cerró en $70 mil millones.

“Este año la gestión comercial para la empresa ha sido algo difícil, sabemos que gracias a las medidas que el Gobierno nacional ha tomado la empresa se ha afectado bastante, principalmente en el recaudo, el año pasado cerramos en $70 mil millones de recaudo, este año no hemos llegado a los $60 mil”, advirtió Gutiérrez.

Una de las situaciones que habría amortiguado el recaudo, habría sido precisamente la inversión que se hizo desde la Alcaldía de Ibagué por cerca de $4.500 millones, en donde se pagó un mes del servicio a usuarios de los estratos Uno, Dos, Tres y Cuatro; sin embargo, el no pago oportuno del servicio sigue siendo el ‘dolor de cabeza’.

Gutiérrez advirtió que el monto de la cartera vencida aumentó en cerca de $1.800 millones, “pasamos de $12.300 millones en diciembre a aproximadamente $13.800 millones de cartera vencida”, deuda que impactará en las inversiones previstas por la empresa para el 2021.

Ante tal panorama desde el Ibal se indicó que ya se viene trabajando en un proceso de planeación para agilizar el pago a través de gestiones con entidades bancarias.

Es de resaltar que a través de una auditoria especial, la Contraloría de Ibagué ya había llamado la atención por las finanzas del Ibal que según el informe se vieron afectadas por la contratación de 145 personas en 2019.

En las cifras entregadas por las directivas de la empresa se indicó que la deuda pública de la empresa asciende a los $79 mil millones.

Cifra

$1.800 millones aproximadamente es el incremento de la cartera vencida por el no pago del servicio.