Ibagué entre restricciones, cambios y protestas

Crédito: Archivo - Suministradas / EL NUEVO DÍA
Este año atípico por cuenta del Covid-19, estuvo enmarcado por la llegada de un nuevo Gobierno que sigue sumando nuevos funcionarios, por medidas restrictivas, el confinamiento y ciudadanos inconformes que salieron a pedir un SOS de la Administración municipal.
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Los casos de Covid no paran, pero red de salud mejora

 

El 18 de marzo a menos de 15 días de haberse conocido la primera persona con Coronavirus en el país (6 de marzo), en Ibagué se notificó el primer caso positivo por Covid-19, se trató de un hombre de 36 años que se contagió tras estar en contacto con una persona que venía de España, el 11 de abril se notificó la primera muerte en la ciudad por cuenta del virus, un hombre de 57 años oriundo de Espinal.

Solo un mes después en la ciudad se reportaron los primeros brotes, la cadena de supermercados Mercacentro entró a la lista y también lo hizo la cárcel de Picaleña, que terminó siendo el conglomerado más grande de la ciudad con más de 600 internos contagiados, para agosto ya habían registrados cerca de 20 brotes en diferentes empresas y en el mismo Palacio municipal, todos con el seguimiento de su cerco epidemiológico.

Hoy a ocho meses, la capital del Tolima suma más de 30 mil contagiados, entre ellos, el mismo Alcalde de Ibagué y la ciudad se aproxima a las 800 muertes por cuenta del virus.

El panorama al cierre del 2020 sigue siendo incierto, el sistema de salud está saturado, pues las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) superan el 80% de ocupación y varias clínicas han reportado su ocupación total al 100% con el ingreso de pacientes con todo tipo de patologías, a esto se le suma el personal médico contagiado e incapacitado. Más de 400 funcionarios de la salud han contraído el virus.

En el marco de la reactivación económica las autoridades intensificaron el llamado de autocuidado para evitar un eventual colapso del sistema sanitario.

De forma paralela y pese al exponencial número de casos, el refuerzo al sistema de salud ha sido inminente, Ibagué pasó de 115 camas hospitalarias a 225 y la cooperación con diferentes países logró la dotación de equipos y elementos de protección de salud.

Emiratos Árabes donó 20 ventiladores, tapabocas, caretas de protección, termómetros infrarrojos y trajes desechables, China también donó varios EPP, la Cámara de Comercio de Ibagué donó 12 camas para las UCI e incluso James Rodríguez a través de su fundación allegó implementos para la atención en la ciudad.

Asimismo, varios grupos de ibaguereños hicieron su aporte y se unieron para brindar ayudas en medio de la emergencia sanitaria.

 

Las restricciones y el confinamiento

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Este 2020 el Covid-19, sin duda, se llevó todo el protagonismo en el mundo, Ibagué no fue ajena a ello y la ciudad desde marzo inició una nueva dinámica en sus quehaceres diarios y mostró una nueva cara con sus calles vacías, panorama que se vio por lo menos los primeros días del aislamiento preventivo obligatorio.

Las primeras restricciones llegaron el 20 de marzo cuando de manera conjunta, la Alcaldía y la Gobernación anunciaron el primer toque de queda del año, el mismo obligaba a los ciudadanos a estar en sus casas durante todo el puente festivo de marzo, pero el confinamiento se alargó por seis meses por orden del Gobierno nacional y con ello llegó la ya conocida restricción de pico y cédula que solo permitió la salida de un miembro de la familia a abastecerse.

En septiembre con el aislamiento selectivo, las reglas del juego cambiaron, disminuyeron las medidas e inició el proceso de reactivación económica, pero con ello la indisciplina social resurgió y la informalidad que no soportó estar confinada y sin ingresos volvió a tomar las calles.

En Halloween la medida retornó para mitigar la salida de los niños y en noviembre ante el incremento desmedido de casos y la desobediencia ciudadana, el municipio se volvió a confinar los tres últimos fines de semana del mes.

La época decembrina que para muchos pareció ser la forma de volverse a reencontrar, tampoco fue el momento esperado, el cierre del año toma a los ibaguereños confinados y con varias prohibiciones, con la ciudad al borde del colapso en salud y con un buen número de ciudadanos sin acatar las medidas impuestas.

 

 

La sufrida contratación del Coliseo Mayor

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Con recursos por el orden de los $45 mil millones garantizados a través de un convenio desde 2019 con el Ministerio del Deporte y con la visita del presidente Iván Duque en febrero en el Parque Deportivo para poner la primera piedra y ratificar la inversión del orden nacional para la construcción del Coliseo Mayor, todo anunciaba un panorama alentador para la puesta en marcha del proceso contractual de este escenario deportivo; sin embargo, tuvo que pasar casi un año para que se licitara la obra ante los ‘ruidos’ de presuntas anomalías y direccionamientos.

Inicialmente el proceso se adelantó a través del Imdri, pero rápidamente iniciaron los cuestionamientos luego de que solo quedará un interesado habilitado en el proceso (Unión Temporal Ágorasports)  y ante las observaciones de otros contratistas que pedían pluralidad de oferentes.

Por las denuncias intervino el Ministerio del Deporte, que pidió a la Procuraduría suspender la licitación hasta aclarar las dudas existentes, de forma posterior el Imdri en la audiencia pública advirtió que la Unión Temporal ya no cumplía con los requisitos y declaró desierto el proceso.

Ante los ruidos, la Alcaldía decidió manejar la ejecución de la obra desde la administración central a través de la Secretaría de Infraestructura y modificó el convenio, allí inició de nuevo el proceso contractual, cuya audiencia de modificación fue suspendida en más de tres oportunidades por el buen número de observaciones y respuestas que iban y venían.

Finalmente, el 9 de diciembre y tras más de 10 horas de una audiencia pública en donde seis empresas se disputaron el contrato, el mismo quedó en manos de Obras Especiales Ibagué, consorcio del que hace parte el ingeniero Didier Portela, quien se ha quedado en múltiples ocasiones con jugosos contratos del Municipio y quien fue acusado por el Alcalde de hacer parte de un presunto “cartel del agua”.

 

 

Los polémicos mercados en medio del Covid-19

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El 27 de marzo en medio de la emergencia sanitaria, la Alcaldía de Ibagué bajo la justificación de contratación directa en el marco de la declaración de urgencia manifiesta, suscribió el contrato 0236 con el representante de los supermercados Mercacentro, Carlos José Alvarado (q.e.p.d) por $5.575 millones, la intención era brindar 52.000 mercados o kits por la vida a la población vulnerable.

Sin embargo, el particular contrato terminó por generar todo un revuelo tras la denuncias hechas por los concejales y diputados de oposición quienes hicieron un llamado a los entes de control por los presuntos sobrecostos en el precio de cada uno de los ‘kits por la vida’.

Por estos hechos, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra el alcalde Andrés Hurtado y Martha Villarreal, secretaria de Desarrollo Social y ordenadora del gasto, quien terminó renunciando a su cargo.

La fundación Paz y Reconciliación (Pares) en un informe también advirtió sobrecostos, tras la comparación de los precios que se ofrecen a personas naturales en los supermercados. Para la fundación la variación de precios fue de $472 millones.

En mayo, en medio de una sesión del Concejo, el corporado Rubén Darío Correa expuso un informe preliminar de la Contraloría de Ibagué en donde se advertía un detrimento al erario por $706 millones, pero el informe final de la misma entidad dado a conocer en junio,  terminó por desvirtuar la información antes expuesta al no evidenciar irregularidades.

Ante la inconformidad la revisión pasó a manos de la Contraloría General de la República (CGR), en los hallazgos se hicieron tres observaciones, pero sólo una de ellas quedó finalmente como un hallazgo con incidencia fiscal, por irregularidades en las bases de datos; no obstante, frente a los sobrecostos la CGR no hizo una manifestación directa, al considerar que las presuntas falencias ya habían sido abordados por el ente de control del Municipio.

Por ahora el único proceso que avanza es la indagación de la Procuraduría contra Martha Villarreal, con la etapa probatoria, su último trámite fue en noviembre del 2020.

 

 

Una nueva deuda para la ciudad

Elevando la deuda del Municipio a un 79% cuando el máximo es el 80%, las mayorías del Concejo le dieron el ‘visto bueno’ al cupo de endeudamiento de $105 mil millones y el contrato de empréstito, propuestos por la Administración.

Este endeudamiento tiene una vigencia de 10 años con dos periodos de gracia, los recursos según la Alcaldía están previstos para ser distribuidos así: Infraestructura vial con $40.000 millones, Deporte con $30.347 millones, Salud con $12.000 millones, Vivienda con $10.000 millones, Agua potable con $7.653 millones y Educación con $5.000 millones.

Pese a los múltiples anuncios del alcalde Andrés Hurtado y a la aprobación, las obras previstas a ejecutarse con este dinero, que constituyen en gran parte las metas pactadas en el Plan de Desarrollo, aún no salen a licitación pública, está previsto que el próximo año y tras un acuerdo con Findeter se empiece a usar el dinero y se inicie la construcción de obras, particularmente de los escenarios deportivos, que el mismo mandatario ha usado como bandera de su gestión y que pretende entregar en el 2022.

 

Los ires y venires en el Gobierno

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Las entradas y salidas de funcionarios del Gabinete municipal de forma intempestiva, se convirtieron en un panorama habitual durante el primer año de gobierno de Andrés Fabián Hurtado, a quien se le contabilizaron por lo menos 15 movimientos entre los titulares de sus secretarías.

Los cambios iniciaron con la salida de Martha Villarreal de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario en abril, quien dejó el cargo en medio de la polémica suscitada por la denuncia de posibles sobrecostos en los kits nutricionales entregados por el Municipio para mitigar el impacto del confinamiento, en los que la exfuncionaria fue la ordenadora del gasto.

De forma casi inmediata Edilberto Pava tomó posesión del cargo y solo una semana después renunció por ‘ruidos’ de una posible inhabilidad.

El mismo mes se oficializó la salida de Saily Ibáñez de la gerencia del Imdri, de Juan Felipe Bonilla de la Secretaría de Planeación y el traslado de Francy Liliana Salazar de la cartera de Desarrollo Económico a la de Desarrollo Social comunitario, cargo que hoy ocupa.

Actualmente en el Imdri está como gerente Alejandro Ortiz, y en Planeación, Dora Montaña.

En julio, salió el director de la Oficina Jurídica, Andrés Bedoya, quien entró como funcionario a la Universidad del Tolima, en su reemplazo quedó Andrea Mayoral. Asimismo, Ricardo Cadavid dejó la cartera de Cultura, sin dar mayor explicación y pasó como titular Greis Cifuentes.

En agosto, una vez más se movió la baraja y tras estar incapacitado por cuenta del Covid-19, Abel de Jesús Castaño, secretario de Infraestructura, dejó de ser el titular de la cartera que pasó a manos del entonces gerente del Ibal, Juan Carlos Núñez y en la dirección de la empresa de alcantarillado quedó Sandra Liliana García.

Un mes después se fueron Yully Porras de Yepes, secretaria Administrativa y el gerente de la Gestora Urbana y expersonero Juan Felipe Arbeláez.

Envuelto en una polémica por llamar “flojos” a  los campesinos, el turno fue para el secretario de Desarrollo Rural, Alfonso Rincón, quien también dejó su cargo dispuesto para que lo llegara a ocupar Soledad Orozco.

El 28 de diciembre días previos a cerrar el año, el ‘remezón’ se volvió a sentir y se fueron Jenny Carolina Mesa, secretaria de Educación; Paola Álvarez, gerente de Infibagué; Jorge Mario Lozano, secretario Administrativo y Diana Sofía Segura, secretaria de Desarrollo Económico, estos dos últimos no estuvieron ni un año en el cargo.

El panorama por la inestabilidad del equipo de trabajo del mandatario local ha generado preocupación en parte del Concejo de Ibagué que teme que las decisiones tomadas terminen por perjudicar el avance de las metas trazadas en el cuatrienio.

 

Las protestas ‘el pan de cada día’

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El aislamiento preventivo obligatorio impuesto por el Gobierno nacional que dio algunas excepciones para hacer tareas básicas, generó en la ciudadanía una impactante crisis económica por cuenta de la imposibilidad de abrir locales, comercializar todo tipo de productos y llevar dinero a sus hogares, la situación provocó que un sin fin de voces inconformes que por varios meses se agolparan en distintos grupos frente a la Alcaldía y a que cientos de lugares cerrarán definitivamente su puertas ante la imposibilidad de sostenerse.

En junio la Cámara de Comercio de Ibagué advirtió que 881 empresas cerraron por la pandemia.

Los vendedores informales lanzaron un SOS por la falta de ayudas, pero después fueron los artistas, los conductores de rutas, los dueños de billares, los campesinos, recicladores, empresarios del sector de la noche, entre otros.

De forma más radical los taxistas y los conductores de busetas hicieron un plan tortuga para pedir acciones contundentes; los conductores de transporte público colectivo salieron a las calles y paralizaron la ciudad con la intención de hacer un llamado a la Administración municipal ante las dificultades económicas por la reducida ocupación de sus vehículos y por las restricciones que en días como el toque de queda están dejando más pérdidas que ganancias.

Entretanto, los taxistas exigían más acciones contra el transporte ilegal que se estaba quedando con el mínimo número de pasajeros que salía en medio de la emergencia sanitaria.

Estas dos últimas movilizaciones dejaron dividida en dos la ciudad por largas horas en este 2020. 

 

 

En deuda con las vías en la zona rural

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Durante el 2020 el estado de las vías en la zona rural fue el ‘dolor de cabeza’ de los campesinos, quienes en más de una ocasión hicieron un llamado de atención a la Alcaldía de Ibagué para que con maquinaria permitiera agilizar la labor de trasladar sus cultivos a los centros de abasto, mismos que se estaban dañando por la inestabilidad de los caminos tiempo de recorrido.

Las lluvias fueron otro factor que jugó en contra y bloqueó las vías, sumada a la ausencia de maquinaria amarilla que el mismo municipio anunció no tuvo a la mano en lo corrido de este año. El desespero obligó a los campesinos con recursos propios a contratar vehículos para remover la tierra y al Concejo de Ibagué a pedir al comando de ingenieros del Ejército kits de maquinaria para buscar salidas.

En septiembre y en un plan tortuga por varias calles de Ibagué, un buen número de campesinos con sus vehículos cargados de alimentos exigieron de nuevo soluciones, particularmente de la vía Tapias, El Salón, los Túneles, toda vez, que esta es ruta de evacuación del cerro Machín y sobre ella hay un fallo judicial que obliga al municipio, departamento y Cortolima a que permanezca en buen estado.

Solo hasta diciembre por un valor ascendente de $2 mil millones, se logró la compra de tres retroexcavadoras y una motoniveladora dispuesta para atender 144 veredas y 17 corregimientos, pero los campesinos aún claman atención.

 

Las veedurías en pie de lucha

Este año el control social a través de las veedurías ciudadanas volvió a tomar auge en Ibagué, el seguimiento a grandes obras de infraestructura de la ciudad y la calidad de su ejecución previendo la construcción de ‘elefantes blancos’ han sido de especial atención y constantes encuentros no solo con la Administración municipal, sino con los entes de control que han servido como puente de diálogo para establecer cronogramas y dar respuestas puntuales, las veedurías han podido pedirle explicación directa al Alcalde a través de audiencias convocadas por la Contraloría General de la Nación.

Este año varias entidades de control ciudadano en busca de priorizar la culminación de los escenarios deportivos se congregaron y crearon una sola red, la red de veedurías ciudadanas y control social para el seguimiento al estado de los proyectos orientados a garantizar la culminación de los escenarios deportivos (ReDeport), quienes han hecho llamados de alerta e incluso han dado su opinión frente a los diseños de los escenarios con sus conocimientos al practicar diferentes disciplinas.

También, la veeduría Agua para Ibagué (Vapi) ha denunciado irregularidades en obras recibidas por el Municipio a satisfacción y ha insistido en varios hechos de corrupción que aún empañan la imagen de la ciudad. Al tema del papeleo por temas de tránsito, la veeduría por la movilidad de Ibagué (Veemóvil) también ha hecho vigilancia y control ciudadano.

 

 

La Secretaría de Movilidad en el ‘ojo del huracán’

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Con la puesta en marcha de la nueva sede de la Secretaría de Movilidad en el Parque Industrial, también empezaron las quejas constantes contra la cartera por la poca agilidad que se estarían realizando sus trámites, los usuarios denunciaron filas interminables, aglomeraciones y la imposibilidad de sacar sus vehículos de los patios a tiempo, pese a haber subsanado las sanciones.

La inconformidad se vio reflejada en protestas y desórdenes a las afueras de las instalaciones y por el que en más de una ocasión se realizó la suspensión del servicio.

El secretario de Movilidad, César Yáñez, en su múltiples respuestas advirtió problemas con la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y un buen número de trámites represados por cuenta de los canales de atención  habilitados en la emergencia sanitaria, que ampliaron exponencialmente el número de peticiones.

Ante las múltiples querellas la Personería terminó abriendo una indagación preliminar contra esta dependencia para determinar responsables y causales del retraso.

 

EL NUEVO DÍA

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