Para este proceso el Municipio hará una inversión de $3.399 millones y espera que las obras se realicen, una vez se firme el acta de inicio en un plazo de 11 meses.

Sin embargo, el proceso ha tenido toda una serie de observaciones por cuenta de los oferentes interesados que advierten un posible direccionamiento ante las particularidades que están  en el pliego de condiciones. En los 10 documentos allegados al gerente de la USI, Carlos Cuéllar, varias proponentes coinciden en que hay solicitudes que estarían sobredimensionadas y que no permiten la pluralidad de oferentes. 

Varias de las observaciones hechas también se pasaron con copia a la Contraloría, Procuraduría y Personería municipal e incluso se remitieron al Concejo de Ibagué, por ahora ninguna entidad ha emitido anuncio alguno. 

Las observaciones

Una de las querellas, estuvo relacionada con la experiencia específica que exigía que el oferente en los contratos presentados cumpliera con seis clasificaciones en la prestación de sus servicios (servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, de construcción de edificios públicos especializados, gerencia de proyectos, ingeniería civil y arquitectura, centros de salud, edificios y estructuras de salud y deportivas), situaciones que alertaron iban en contra del proponente y las normativas de los procesos de contratación pública. 

En su carta de respuestas la USI defendió su posición e indicó que dicha exigencia permite que las obras se realicen con todos los estándares; no obstante, en el pliego de condiciones la solicitud se flexibilizó y permitió que por lo menos se cumpliera con tres de las actividades.

Entre las particularidades también se exige que dentro de la ejecución de alguno de los contratos, se pide una planta eléctrica mayor o igual a 50 kilovatios que incluya transferencia automática y red regulada del sistema ininterrumpido de potencia con UPS mayor o igual a 6 kilovatios, varios oferentes pidieron que se elimine tal requerimiento, “Este ítem con esta descripción no se realizará dentro del presupuesto de obra publicado por la entidad y sí pareciera un claro direccionamiento para algún oferente que tiene dentro de su experiencia esta descripción muy exacta”, advirtió Armando Marulanda. 

La misma situación se repite en la exigencia que solicita que en unos de los proyectos ejecutados de los interesados se haya construido un tanque de almacenamiento con capacidad mayor a 45 metros cúbicos o que se haya implementado una red contra incendios que cumpla la norma NTC-10. 

“Siendo estos tan limitantes (requisitos específicos) afectan la presentación y postulación en materia de pluralidad de oferentes que cuentan con toda la experiencia y capacidad para realizar y ejecutar a cabalidad dicho proceso”, sostuvo Einar Alfonso Ortiz. 

La experiencia de los profesionales para el proyecto es otro tema que genera alarma, pues el director de obra, el asesor ambiental, el residente de obra y el asesor eléctrico deben tener título de posgrado, pero para los dos primeros debe ser específicamente una especialización y un magíster en áreas gerenciales o ambientales. 

“Se está generando una condición académica desbordada (...) esta condición está fuera de toda lógica, la ley no estipula un requisito de esta índole para que un profesional pueda dirigir una obra de esta magnitud”, indicó uno de los interesados.

Cuestionamientos

“Deja un cierto sinsabor, conocedor de la transparencia que el Gerente de la USI y el señor Alcalde le han querido dar a la contratación pública, que aparezcan requisitos de participación salidos de contexto y por fuera de los parámetros, con un único y aparente objetivo que es el de tratar de direccionar el proceso de la referencia”, advirtió una vez más Armando Marulanda. 

“Creemos que con este documento estamos demostrando la manera tan sesgada como esta licitación está siendo direccionada para un proponente, seguramente amigo de la administración que usted lidera, de otra manera no se trocaría la manera como ustedes proyectan estos pliegos y los requisitos para un proponente que quiera ofertar de manera transparente este proceso”, señaló Óscar Cuervo, representante legal de Consorcio Ibagué 2020.  

La respuesta a las observaciones en manos de un contratista

Tras las querellas de 10 empresarios, la USI emitió su carta de respuestas a cada una de las observaciones realizadas, las que en su mayoría no aceptó; sin embargo, una vez publicado tal documento el mismo fue firmado por un asesor jurídico y no por el gerente, Carlos Cuéllar o por el comité evaluador, lo que nuevamente generó asombro entre los oferentes.

En una nueva observación Angie Katherine Rodríguez, recordó que las respuestas a las observaciones deben ser hechas por el Gerente de la USI y contar con el apoyo y asesoría del comité evaluador; no obstante la firma es del asesor jurídico, Santiago Bustamante, contratado el 1 de enero, “es claro que no es posible, viable y mucho menos legal, que el mismo asesor jurídico asuma responsabilidades que no corresponden y se extralimite en el ejercicio de las obligaciones (...)”, dijo la interesada en el proceso. 

Misma situación alertó Juan Sebastián Montaña, quien invitó al Gerente a revocar motu propio las acciones que a su juicio adolecen de ilegalidad.

Frente a esta situación, el Gerente indicó que todo se debió a “un error involuntario”, pues se habría enviado la proyección de las respuestas hechas por el asesor jurídico y no las que Cuéllar habría suscrito.

“La situación presentada de ninguna manera constituye una irregularidad o yerro sustancial dentro del proceso de selección convocado, como quiera que las respuestas inicialmente publicadas, fueron adoptadas de manera íntegra”, reseña la USI.

Para subsanar la ‘falla’ la USI suscribió un adenda que modificó el cronograma de la convocatoria en aras de publicar las observaciones esta vez con la firma del Gerente. 

El cronograma

-Las ofertas al proceso se recibirán hasta el 5 de febrero a las 4:00 p.m.

-El 9 de febrero se hará la evaluación de ofertas.

-El 10 de febrero se publica el informe de evaluación.

-El 15 de febrero se conoce la adjudicación o declaratoria desierta del proceso.