Vapi advierte que se pagó de más por obras no previstas en urbanismo

Crédito: Suministrada / EL NUEVO DÍALas obras de urbanismo se entregaron en el 2020 en el marco del cumpleaños de Ibagué.
A través de un informe llamado “fórmulas alternativas” la veeduría Agua para Ibagué (Vapi) una vez más puso su atención en las obras de urbanismo del Parque Deportivo, entregadas en octubre del 2020 y avaluadas en más de $28 mil millones.
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Según la veeduría, a través de las obras no previstas, el Imdri habría pagado al contratista Promciviles S.A.S. la intervención de la rocería por hectárea a $18.182.750, pese a que para la época de la construcción de la obra, la poda a esta misma medida era de aproximadamente $80 mil pesos. 

Vapi advierte que este trabajo se hizo en 9.64 hectáreas, lo que le terminó costando al instituto  $175.251.235.

“Con ese dinero se habrían podido contratar más de 134 trabajadores durante un mes, con todas las prestaciones incluidas las cesantías; seguramente como no cabían en el terreno, optaron por una fórmula alternativa de camuflaje de latrocinio”, señaló la Veeduría. 

Es de resaltar que el ente de control ciudadano ya había denunciado los ‘detalles’ que quedaron en las obras de urbanismo e indicó que en su momento se quisieron tapar imperfectos que fueron obviados por la interventoria y entidad contratante, en este caso el Imdri, en la saliente y nueva administración.

 

El informe de Vapi

A pesar de haberse convertido en antigua conducta de los gobiernos (nacional, regional y local) todavía hay quienes se indignan y se enfurecen por el saqueo inmisericorde de los recursos públicos, más si este se hace desembozadamente, con huella documental, a la luz del día y con la indiferencia de los organismos de control y, peor aún, con la complacencia o complicidad de algunos gremios.

No cesan, por ejemplo, los saqueos a los dineros del PAE destinados a la alimentación de los niños que deberían suplir similares deficiencias en los ancianos más pobres. En la región sigue vivo el recuerdo del negociado de un senador con su similar de Risaralda, para el latrocinio de los recursos para la alimentación de los estudiantes o los sobreprecios en las raciones o el tamaño de las mismas en el mandato de un alcalde de ingrata recordación.

Con la aparición de la pandemia del COVID-19, se desató una similar en Colombia y a lo largo y ancho del país, desde gobernaciones y alcaldías hasta comandos militares entraron a saco sobre los recursos de emergencia con sobreprecios, manipulación de cantidades y toda suerte de subterfugios para la apropiación de buena parte de los recursos por parte de los ladrones. Lamentablemente, las investigaciones discurren más lentas que los programas de vacunación.

Más he aquí que existen otras troneras más imperceptibles por donde se escurren al bolsillo de los corruptos los recursos del erario. Esta veeduría (VAPI) ha denunciado con documentos, testimonios, fotografías, videos y análisis técnicos y económicos el saqueo de los recursos empleados en las obras de los Juegos Nacionales y, más grave aún, con las pretendidas tareas de reparación, complementación y construcción realizadas por los gobiernos posteriores y que involucran a Coldeportes (ahora Ministerio del Deporte), Gobernación, Imdri, los organismos de control e incluso entidades gremiales.

 A riesgo de seguir arando en el desierto, vamos a descubrir una fórmula frecuentemente utilizada: las obras no previstas; que son aquellas que no figuran en los contratos iniciales, pero se convierten en una fórmula oculta de saqueo. Para ejemplo un botón, en este caso un matorral: la rocería en las obras de urbanismo del Parque Deportivo. Estas tareas contaron con la interventoría del ingeniero civil Freddy Humberto Pérez Díaz, quien fuera Secretario de Infraestructura en la última gobernación de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. 

A su vez ofició como Supervisora de obras, la Directora del Imdri, la licenciada en educación física, Diana Ximena Cepeda Rodríguez, y para que hubiese mayor curia, se realizó un convenio con la Sociedad Colombiana de Ingenieros por $600 millones, como apoyo a la supervisión de las obras.

Pues resulta que la rocería del terreno se pagó a $18’182.750 la hectárea (óigase bien, la rocería, no la compra de la hectárea), cuando para la época se pagaba a $80.000 la hectárea para estos menesteres en diversas regiones del departamento.

En total para las 9.64 hectáreas se pagaron $175’251.235. Un cálculo aproximado indica que con ese dinero se habrían podido contratar más de 134 trabajadores durante un mes con todas las prestaciones incluidas las cesantías; seguramente como no cabían en el terreno, optaron por una fórmula alternativa de camuflaje de latrocinio.

A este ritmo nunca habrá recursos suficientes para atender las necesidades de la comunidad y con la voracidad de los cacos, ni siquiera acudiendo al auxilio de Mohammed bin Salmán, el sultán de Arabia Saudita o el gobernante de los Emiratos Árabes Unidos, que a sus inconmensurables recursos se une una legislación que castiga con la amputación de las manos de los ladrones o se procede a ejecutarlos, pero esas son conductas extremas, con las que no comulgamos en estos países cristianos, aunque se roben la comida de niños y ancianos y el dinero de los escenarios, donde acuden deportistas y ciudadanos a practicar deportes o divertirse.

 

Redacción Ibagué

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