Hurtado sacó a protegidos de Óscar Barreto en la Alcaldía. ¿Nueva ruptura?

Crédito: Suministrada/EL NUEVO DÍAAndrés Hurtado, alcalde de Ibagué, y Óscar Barreto, exgobernador del Tolima.
Nuevamente se comenzó a hablar de un supuesto distanciamiento entre el alcalde Andrés Hurtado y su jefe político, el exgobernador Óscar Barreto, por cuenta de las repentinas salidas de la Administración municipal de la gerente del Ibal, Sandra Liliana García, y el secretario de Hacienda, Leopoldo Alfonso Iannini (aún sin oficializar).
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Aunque lo negaron en su momento, el mundo político local conoce muy bien que al interior de la organización conservadora afloraron desavenencias entre Barreto y Hurtado que, al parecer, habían quedado superadas. Pero ahora que personas allegadas al exgobernador renunciaron, por pedido del Alcalde, toma fuerza la versión de que surgió un nuevo desacuerdo.

Por un lado, García llegó a la Gerencia del Ibal en representación directa de Barreto y, por el otro, Alfonso Iannini es hermano de Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima y una de las personas de mayor confianza del exmandatario. Ambos, según trascendió, debieron marcharse por las quejas de la comunidad que apuntaban a que no atendían sus comunicaciones.

La idea de una posible crisis en el barretismo quedaría convalidada si también llegara a salir del Gobierno municipal la gerente de Infibagué, Paola Arbeláez, esposa de uno de los sobrinos del exgobernador Barreto. Se ha especulado que la funcionaria, pese a su poco tiempo en el cargo, podría dimitir, supuestamente, por la misma razón de sus compañeros de gabinete.

 

Polémico reemplazo

Tras la salida de García de la Gerencia del Ibal, en su reemplazo y en calidad de encargado fue nombrado el ingeniero civil José Rodrigo Herrera, quien se desempeña como Director de Planeación de esa misma entidad.

Herrera cuenta con amplia experiencia en los sectores públicos, siendo jefe de Planeación del Ibal, gerente de la Edat y subdirector de Calidad Ambiental de la Cortolima, pero también pesa con el cuestionamiento de estar imputado por la Fiscalía en el escándalo de los Juegos Nacionales del 2015, por irregularidades en un contrato para la construcción del Coliseo Mayor en Chaparral.

Al funcionario se le acusa de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado, luego de que, en calidad de interventor de un contrato de $6.000 millones y pese a que, según los peritos del CTI, la obra tuviera mala calidad y malos acabados, le dio su visto bueno.

EL NUEVO DÍA

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