El puente de la Variante, ubicado en la calzada que de Ibagué comunica con Cajamarca, en el último tiempo se convirtió en un escenario problemático para las autoridades locales, ya que las personas que tienen la intención de atentar contra su existencia acuden a esta imponente estructura para hacerlo.

Los cuestionamientos sobre el control y vigilancia del mismo son abundantes por parte de la ciudadanía. Pese a solicitudes a diversas entidades, no es claro qué ente debe ser responsable de brindar seguridad y emprender acciones en este espacio.

En ese sentido, el abogado Néstor Gregory Díaz ha elaborado oficios con destino a entes locales y nacionales con el fin de que se adopten medidas para salvaguardar la vida de la ciudadanía, tales como la instalación de vallas de seguridad y un monitoreo constante, pero parece que dichas instituciones se han trasladado la responsabilidad entre ellas.

“Según las respuestas allegadas de las entidades nacionales competentes están emparentadas con las autoridades departamentales y municipales en el Tolima”, alegó el profesional del derecho.

Y agregó, que “a nivel local no se vislumbra ninguna acción, gestión, estrategia, política social para evitar los designios de suicidios como su consumación en este sitio”.

Lo que dicen las instituciones

En respuesta a una comunicación del abogado Díaz, la Secretaría de Infraestructura de Ibagué explicó que “las obras que tienen que ver con el ‘Puente de la Vida’ y/o puente de la Variante son responsabilidad de la Concesionaria San Rafael”. Por lo anterior, la dependencia trasladó la solicitud del profesional del derecho a ese despacho y a la Secretaría de Gobierno de Ibagué.

A su turno, el Instituto Nacional de Vías, Invías, contestó que “carece de legitimación para adoptar medidas tendientes a la salvaguarda y los derechos colectivos relacionados y que tienen que ver con el puente del Combeima en la vía Variante de Ibagué”.

Agregó que tras verificar la base de datos, el puente está en una vía concesionada y por lo tanto a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

Por su parte, el Ministerio de Transporte reveló en una comunicación, que está facultado para atender las vías a cargo de la nación a través del Invías o la ANI cuando se trate de calzadas en concesión de orden nacional.

“Las necesidades que se registran en las carreteras departamentales o municipales, son atendidas directamente por la entidad territorial que tiene a cargo dicha infraestructura”.

Así pues, el Minstransporte dio traslado de la solicitud a la ANI y esta a su vez hizo lo propio con la App Gica.

No sería viable

La App Gica referenció que ha cumplido con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato 002 de 2015 para la adecuación de la segunda calzada entre Ibagué y Cajamarca, y en lo que concierne al puente en el diseño estructural no se contempló la instalación de vallas de seguridad tipo rejas.

Asimismo, luego del lamentable suceso en el que una mujer y un menor de edad perdieron la vida en 2019, tras saltar al vacío desde la estructura, se generaron mesas de trabajo entre la Alcaldía, la ANI, App Gica, entre otras entidades.

Una de las ideas socializadas en tales mesas y que se pone de presente en el documento, destaca que “realizar una actividad relacionada con aumentar la altura de las barandas, que evite este tipo de eventos, sería exigible que se repita en toda las estructuras del proyecto y en todas las estructuras viales del país (...) lo que afectaría la contratación actual o futura”.

Además, la App Gica explicó que en la fase previa al inicio del contrato hubo socializaciones con diferentes comunidades y entidades, en las que no se tuvo en cuenta este aspecto, y que en la actualidad no se pueden generar cambios cuando está próxima a la puesta en funcionamiento del proyecto.

“Es importante aclarar que el tema de suicidios no puede ni debe ser atribuible al proyecto concesionado sino que es un tema de salud mental que debe ser atendido integralmente por la Alcaldía”, es otra de las ideas expuestas en las mesas de diálogo.

Acción de la Personería

La Personera (e) de Ibagué instauró una acción popular, el pasado 25 de marzo, con el propósito de reforzar las medidas de seguridad en el puente, enfocadas a la instalación de una baranda antiescala en la estructura, el funcionamiento de la cámaras de seguridad y la generación de campañas de prevención en el tema de salud mental, así como garantizar una atención constante de la línea de acompañamiento psicológico.

“Esta acción se dirigió contra la Agencia Nacional de Infraestructura, la sociedad APP Gica y el municipio, por considerar que ellos tienen la responsabilidad de adelantar la acciones tendientes a proteger los derechos colectivos de los ibaguereños en este caso particular”, enfatizó Francy Johanna Ardila, personera de Ibagué (e).

La funcionaria reconoció que si bien las adecuaciones estructurales, que reclama en el puente, no son garantía total para evitar casos de suicidio, “estas permitirían reaccionar al personal de apoyo al recibir una alerta cuando se registre una de estas situaciones y evitar la pérdida de vidas”, dijo.

La acción popular está asignada al despacho Juez 11 Administrativo a la espera de ser admitida.

Frente de seguridad por la vida

Durante la aprobación de la política pública de salud mental que se debatió en el Concejo a finales de abril, el presidente del cabildo Arturo Castillo propuso la creación de un frente de seguridad por la vida para contrarrestar los casos de suicidio en la ciudad.

De acuerdo con el concejal, la iniciativa contempla la instalación de cámaras PTZ de alta definición con cubrimiento 360 grados para vigilar las 24 horas y los 7 días en el puente de la Variante.

“Propuse esta iniciativa porque estoy convencido que contribuye de manera directa con el propósito de salvar vidas, que debe ser hoy una prioridad de la ciudad. 

Para poner en marcha esta idea se requiere una única inversión por parte del municipio para adquirir los equipos y el recurso humano que monitoree todo el sistema y pueda reaccionar de manera inmediata”, dijo Castillo.

Además, se proyecta que la iniciativa cuente con sensores de movimiento fotoeléctricos con alarmas, un módulo de alarma que envíe un mensaje de alerta a los administradores del frente de seguridad y altavoces de alto alcance para persuadir a la persona con tendencias suicidas.

La instalación de vallas de seguridad y un monitoreo constante, hacen parte de las exigencias que realizan diferentes sectores y la ciudadanía frente al puente.

DATO

La personera (e) de Ibagué interpuso una acción popular, que reposa en el despacho del Juez 11 Administrativo a la espera de ser admitida, en la que solicita reforzar las medidas de seguridad en el puente.