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El Juez indicó que tras revisar las fotos y videos entregados por Simatol de 25 colegios en Ibagué, quedó en evidencia que “estas instituciones se encuentran en un estado deplorable, pues no se observan las adecuaciones necesarias en los salones de clase, baños, espacios de esparcimiento, infraestructura en general y en algunos casos en los alrededores de las mismas instituciones”.
También advirtió que la Secretaría de Educación sólo aportó información de las actas de entrega de elementos de bioseguridad en 12 colegios, pero no probó que las instituciones educativas se encontraran en condiciones aceptables.
Si bien no desconoció la importancia de la presencialidad para evitar problemas físicos y psicológicos, el Juzgado calificó como inaceptable que bajo el entendido de garantizar el derecho de educación tras las directrices del Gobierno nacional se fuerce a la comunidad educativa a regresar a edificaciones que no cumplen condiciones mínimas.
“Las clases presenciales no pueden darse en un ambiente estructural inadecuado, ni bajo medidas de bioseguridad débiles, es decir, sin los elementos de cuidado personal ni los medios para garantizar el lavado de manos y el distanciamiento del estudiantado y los docentes, máxime cuando ha sido el mismo Gobierno nacional que ha establecido las condiciones para un retorno de la normalidad”, reza el fallo.
En ese sentido se ordenó a la Secretaría de Educación municipal establecer en un plazo de 10 días después de la notificación aclarar cuáles colegios se encuentran en condiciones para garantizar el retorno.
Además solicitó la creación de una comisión integrada por el secretario de Educación, un delegado de Simatol, la Personería y la Defensoría del Pueblo, en donde de forma exhaustiva se revise la infraestructura, los servicios públicos, las baterías sanitarias, los elementos de bioseguridad y la acomodación de los salones de clase y oficinas en donde se garantice el distanciamiento de un metro. Quienes no cumplan las condiciones deberán seguir bajo los modelos de virtualidad.
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