En la audiencia de la Contraloría General de la República con la que se buscó hacer seguimiento a la prestación del servicio de acueducto en el conjunto residencial Alminar Samoa, la comunidad que hace parte dicho conjunto habitacional una vez más expuso las carencias en la prestación del servicio de agua potable que existen y la falta de solución de las autoridades. 

El llamado también lo hicieron los entes de control quienes le pidieron a la Administración municipal y a la Superintendencia de Servicios Públicos adoptar acciones que den una solución de fondo a las familias; sin embargo, la situación develó un preocupante panorama que se repite en diferentes puntos de la ciudad, por los cientos de usuarios afiliados a acueductos comunitarios que no cumplen con las condiciones en calidad de agua prevista por el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua potable (Irca).

El representante de la Procuraduría General de la Nación, desde la sede central, invitó a la Administración a que garantice la prestación de los servicios y apoye con inversiones a tal fin.

Desde la regional se insistió en el seguimiento al control en la calidad del agua para la comunidad, “vamos a seguir paso a paso las órdenes que ha emitido la Corte Constitucional, pero sobretodo el desacato que adoptó la Juez y puso de presente las sanciones y órdenes”, reseñó la procuradora Regional Alba Cristina Morales.

En el mismo sentido hizo el llamado la gerente Departamental de la Contraloría Tolima, Lina Laguna, quien señaló “con la reunión se concluye que la Superintendencia no puede seguir siendo un ente de piedra, tiene que tomar actuaciones eficaces y vamos a estar atentos y vigilantes de esta gestión”. 

También le pidió a la Alcaldía que las actuaciones y lo que se estableció se conviertan en hechos concretos. 

Sanción a funcionarios

El Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué emitió un incidente de desacato por incumplimiento a una acción popular que ordenó al Municipio y al acueducto El Triunfo solución al suministro de agua potable. 

Por lo mismo, le ordenó al Municipio de forma inmediata entregar el recurso potable a todos los usuarios del acueducto El Triunfo y a que el Ibal, en un plazo no mayor a 45 días, ponga en funcionamiento la planta de tratamiento que actualmente está en obra, esto sin lugar a prórrogas o suspensiones. 

Por la omisión, el Juzgado sancionó con una multa de 10 salarios mínimos, conmutables en arresto de hasta cinco días, a los exgerentes del Ibal Juan Carlos Nuñez y Sandra Liliana García; asimismo, al exdirector de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso y a la actual directora de la CAR, Olga Lucía Alfonso. 

Asimismo, compulsó copias a la Contraloría para que investigue un presunto detrimento de Cortolima por omitir su seguimiento ambiental, a la Procuraduría para que determine conductas disciplinarias en los funcionarios antes mencionados, así como del curador urbano número Dos, y a la Fiscalía para que indague posibles conductas punibles del representante legal de la Junta de Acción Comunal del Triunfo, Víctor Becerra por la expedición de una certificación de disponibilidad de servicios a la constructora JF Construcciones. 

Más casos 

En el mismo sentido, la Procuraduría advirtió que aún hay más de 25 grupos de suscriptores de acueductos comunitarios que consumen agua cruda, y pidió que se tomen acciones de corto, mediano y largo plazo.

La Gerencia Departamental Colegiada del Tolima señaló que existen varios proyectos de vivienda que ni siquiera contemplan la prestación de servicios de acueductos comunitarios y que hacen parte del perímetro urbano de la ciudad.

El funcionario indicó que tienen conocimiento de otros cuatro proyectos que tienen licencias expedidas, pero que también se surten de acueductos que no brindan agua potable, por lo que el drama es el mismo que el de los habitantes de Alminar Samoa. 

Ellos son: urbanización El Triunfo, Villa María Camila en el barrio San Antonio, el proyecto Carandú y Alminar Samoa, todas con licencia de la curaduría urbana Dos; asimismo, el proyecto Vizta, y el proyecto de los multifamiliares Altos de Miramar, quienes tienen una situación similar en el sector Ambalá.

“Otro drama social y humano en Altos de Miramar, generado por la misma circunstancia de agua, y en la ciudad, a manera de referencia, se observan otros proyectos (...)  son muchos más los proyectos por toda la ciudad que tienen la misma problemática, estaríamos frente a una avalancha de tutelas, cuya consecuencia será que son viviendas que no tienen condición de dignidad para sus habitantes”, reseñó el representante de la Contraloría. 

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