A mediados de este año, la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario de la Alcaldía de Ibagué suscribió un contrato con la fundación Reina Sofía, por $392 millones, para prestar atención integral a 65 menores de la ciudad con discapacidad cognitiva.

La iniciativa, que se enmarca dentro del subprograma ‘Ibagué, territorio incluyente con la discapacidad’, busca ofrecer a los menores jornadas de recreación, actividades lúdicas y talleres por parte de psicólogos, terapeutas y fonoaudiólogos. 

En el proceso contractual quedó expresamente señalado que los beneficiarios serían autorizados por el Municipio para garantizar la atención a quienes están en condición de mayor vulnerabilidad y han solicitado la asistencia o la inclusión al programa.

Por eso, según informó el Gobierno municipal en su momento, la Secretaría se encargó de caracterizar y verificar la idoneidad de quienes deseaban pertenecer al programa, que contempla diversas actividades transversales para el desarrollo.

Pero, según un documento conocido por esta redacción, 30 de los niños y jóvenes habrían accedido al programa pese a que no pertenecen al régimen subsidiado, mecanismo a través del que la población más pobre y sin capacidad de pago accede a ayudas del Estado.

Entre otros datos, en el listado se especifica que hacen parte del régimen contributivo, así como el nombre de los alumnos y el de sus acudientes, la comuna en la que residen y el profesional de la fundación está encargado de brindarle la atención.

Al ser consultada, Francy Liliana Salazar, secretaria de Desarrollo Rural, confirmó que los beneficiarios deberían pertenecer al régimen subsidiado, lo que denota la condición de vulnerabilidad, pero indicó que existen salvedades sobre las que no entró en detalles.

La funcionaria afirmó que debía revisar el proceso y conversar con la Dirección de Grupos Étnicos y Población Vulnerable para pronunciarse al respecto. Sin embargo, según trascendió, se trata de una situación que ha generado preocupación en esa cartera y se está buscando una vía para justificar la inclusión de esos beneficiarios.

La fundación Reina Sofía, que, al parecer, tiene vínculos con un exconcejal, busca la rehabilitación integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. 

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