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Hace unas semanas y por mera casualidad, los padres de familia del colegio Británico Inglés, sede campestre, se enteraron de un hecho que está frustrando las expectativas de sus hijos: la institución educativa no cuenta con la licencia para ofertar los grados Décimo y Once y, si no obtienen una solución en el corto plazo, no podrán graduarse de bachilleres.
El calvario inició cuando a dos estudiantes, en medio de los trámites de inscripción en la Universidad Nacional, les informaron que el código Icfes de su colegio estaba inválido. A partir de ahí y por casi un mes, las directivas de la institución, aún ocultando la realidad, fueron renuentes a entregar la información para culminar el proceso de matrícula
“Uno de los dueños finalmente se apersonó de la situación y declaró haber iniciado gestiones ante el Icfes y ante la Secretaría de Educación Municipal, según él, sin éxito, porque la Secretaría señalaba que era el Icfes los que debían resolver la situación y estos decían que era un trámite que se debía hacer ante la Secretaría. Esa era la versión de las directivas del colegio”, contó Jennifer Giraldo, una de las madres afectadas.
Las dudas alrededor del asunto por fin quedaron aclaradas cuando a una de las acudientes le informaron, desde la Alcaldía, que el Británico Inglés carece de autorización para ofertar los grados Décimo y Once. Desde entonces, los padres han emprendido una batalla contrarreloj para que sus hijos puedan obtener sus títulos y avanzar en sus proyectos.
La noticia fue confirmada cuando, a través de la Secretaría, se confirmó que en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), del Ministerio de Educación, los estudiantes solo aparecían registrados en la educación media hasta grado Noveno. Es decir, ante los ojos del Estado, más de diez menores involucrados estaban lejos de culminar la secundaria.
Sin embargo, las sorpresas aún no acabarían. En un acto que denota poca transparencia y que será objeto de investigaciones, los menores fueron matriculados sin el consentimiento de los padres en la Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez para que pudieran presentarse a las pruebas Saber 11 y, una vez aplicadas, los retiraron.
“En ningún momento se les informó a los padres de familia que se iba a realizar esa acción ni que el colegio no tenía autorización para ofrecer educación media y, solo cuando quedó en evidencia esta situación a través de la Secretaría, fue que las directivas indicaron que en efecto habían estado realizando los trámites para solicitar la autorización para ofrecer Décimo y Once, pero sin ningún éxito a la fecha”, explicó Giraldo.
Genny Riaño, otra madre afectada, calculó que los gastos de su hijo en los últimos dos años ascienden a unos $15 millones, entre los valores de matrículas, pensiones, transporte y alimentación. Eso sin contar el dinero que ha destinado en los trámites para que su hijo ingrese a una escuela militar.
Aseguró que si antes de iniciar la próxima semana no tienen una solución concreta, van a interponer denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación e iniciarán los procesos legales correspondientes para que se garantice el derecho a la educación de sus hijos y no pierdan las inversiones que han adelantado.
Como ellas, otros padres de familia ya habían presentado papeles en instituciones dentro y fuera del país para que sus hijos continuarán con su formación.
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