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La Contraloría General de la República (CGR) imputó responsabilidad fiscal por $27.923 millones contra el exalcalde Luis H. Rodríguez y Andrés Botero, exdirector de Coldeportes, por las obras inconclusas, las cantidades de obras pagadas y no ejecutadas, y las deficiencias constructivas y de calidad de los escenarios del Parque Deportivo.
La decisión también cobija a otras personas: Carlos Heberto Ángel, exgerente del Imdri; dos funcionarios de esa entidad, una empleada de la Alcaldía, así como el contratista y el interventor del proyecto de construcción del mencionado complejo deportivo (ver nombres en el recuadro).
Para la Contraloría, la Administración municipal, el Imdri y Coldeportes, como fuente de financiación, omitieron tomar acciones frente a las falencias del proceso constructivo de los escenarios que se contemplaban en el contrato y el grave atraso de estas obras, que eran de su conocimiento.
De acuerdo con la CGR, las irregularidades registradas durante la ejecución del contrato (No. 119 de 2015), influyeron de manera significativa en los retrasos en el cronograma, situación que conllevó a que no se garantizara la entrega oportuna de los escenarios en el plazo inicialmente previsto (31 de octubre de 2015), razón por la que no se utilizaron en el certamen.
Además, al contratista se le reconoció el pago por obras no ejecutadas y otras que tenían deficiencias constructivas, lo que ocasionó que se tuviera que disponer de nuevos recursos para su culminación.
Pese a los incumplimientos del contratista, las tres entidades “no tomaron acciones en oportunidad que permitieran salvaguardar los recursos invertidos en el proyecto de construcción de los escenarios”, informó la Contraloría General.
En forma solidaria con los entonces alcalde y gerente del Imdri, quienes tenían a su cargo la ejecución del proyecto, se le imputó responsabilidad fiscal al director de Coldeportes del momento por cuanto omitió su deber de controlar, vigilar y hacer seguimiento a los recursos destinados a la financiación del proyecto, al contratista, supervisor del contrato de obra y la interventoría, a las supervisoras técnica y financiera, por una cuantía de $25.288 millones, toda vez que intervinieron en el giro de los recursos sin ejercer un debido control.
En el auto de imputación se dejó claro que si bien el daño antijurídico y patrimonial tiene que ver con las mencionadas irregularidades, el análisis de gestión fiscal en el manejo de los recursos se adelantó en concordancia a los convenios interadministrativos celebrados, por ser estos, la fuente de los recursos destinados para la ejecución de las obras.
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