Dí­as después de haber llegado a diferentes medios de comunicación el informe preliminar que emitía la Contralorí­a General de la Nación sobre hallazgos administrativos, disciplinarios y penales, y calificando de manera regular a Cortolima, la directora de la entidad, Carmen Sofí­a Bonilla, dijo que existen intereses particulares y polí­ticos, en medio de una campañía de desprestigio contra la Corporación.

El hecho que se conociera un documento que no se ha hecho oficial indignó a Bonilla, ya que considera que no se les respetó el derecho a un debido proceso y, además, que esta situación, según ella, se estarí­a auspiciando desde la Gobernación e incluso pagando a entidades para demeritar la labor de Cortolima.

Por ello la Directora manifestó que en estos momentos adelanta una investigación al equipo que realizó el proceso de inspección en la entidad ambiental, debido a que sin razón alguna salió o se filtró dicha información.

“Todavía es un informe preliminar y la Contraloría no ha entregado su informe definitivo; estamos a la espera de que lo entregue porque nosotros acudimos a una situación que se llama controversia, que es un procedimiento dentro del proceso que adelanta la Contraloría, y adicionamos unas pruebas donde estamos esperando a que la Contraloría nos responda”, dijo.

“Se está investigando a nivel de la Corporación y he solicitado a la Contraloría que investigue por qué este tipo de informes están saliendo sin que se haya terminado la etapa, el informe definitivo; eso hay que solicitarlo porque tenemos el derecho a controvertir y no es oportuno que en un año político, donde vemos que hay demasiados intereses, pretendan con eso decir que Cortolima es mala; no, de ninguna manera, seamos responsables”, afirmó.

Al parecer, esta información, según Bonilla, habría llegado a manos de Éver Navarro, secretario General de la Administración departamental, a quien solicitó que informara quién le entregó este informe y de qué manera tuvo acceso al mismo.

“Yo invito a todas las entidades, a las personas que están detrás de todo este tema, de tratar de desvirtuar la imagen de la Corporación, que tengan claro que debemos respetarnos y debemos adelantar los procesos respectivos; dejemos que sean los entes de control que decidan si al final efectivamente hubo un mal manejo de nuestra Corporación”, aseveró Bonilla. 'Politiquería' Esta es la denuncia que hace Carmen Sofía Bonilla, ya que afirma que existe una campaña de desprestigio por personas que tal vez las investigaciones de la Corporación las afecta.

“Muy seguramente personas que no creo que sean ni políticos pretenden ser políticos y no lo han logrado ser, y empresas, entidades o personas, que muy seguramente en la atención de la Corporación no han sido afortunadas”, agregó. Incluso, dijo que se está pagando a empresas especializadas en el manejo de imagen para “desinformar”, lo cual considera un acto de “personas malas que tratan de dañar la imagen; hay gente que es de esa calaña, de ese estilo. No es el nuestro”, acotó.

Coincidencias

 Para Bonilla, todo este tema coincide o “puede ser una coincidencia” con unos requerimientos que la Corporación ha hecho, en varias oportunidades, a la Gobernación y a la Contraloría del Departamento, en cabeza de Freddy Camacho, para que relacione todos los contratos de obras viales de la región, de lo cual no ha tenido respuesta. 

Así mismo, pidió “la monitoría ambiental en términos de control, vigilancia y seguimiento, que nos entregue la relación de contratos de obras de vías públicas que han hecho, porque muchas de estas obras colapsaron con la ola invernal y muchas tienen que ver porque no tienen manejo de aguas lluvia, entonces como no hubo plan de manejo ni licencia ambiental estamos pidiendo a ver cómo la obtuvieron o dónde la obtuvieron o si no la tienen, hicieron las obras sin ese tipo requisitos”, contó.

El polémico informe

La semana pasada esta redacción publicó el informe de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, donde se relacionan 62 hallazgos administrativos en la evaluación de gestión y resultados de la entidad, sobre una base selectiva para el año 2010.

El informe de auditoría señalaba que de los 62 hallazgos administrativos, “12 tienen posible alcance disciplinario (…); ocho, posible alcance disciplinario y penal (…); uno, posible connotación penal (…), y dos, donde se presume detrimento fiscal (...)”.

Al momento de buscar respuestas sobre el tema, EL NUEVO DÍA buscó a la directora de la Corporación, Carmen Sofía Bonilla, para conocer su posición ante estos hallazgos, pero fue imposible, toda vez que se indicó que el documento expedido por la Contraloría “no era oficial” y por esta razón “no se tendrá una razón oficial”.