En un hecho poco usual, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, instauró una acción de nulidad contra el Concejo Municipal de Valle de San Juan porque no cumplió con un trámite en la aprobación de unas vigencias futuras a favor de la Alcaldía.

En esta oportunidad, el Tribunal Administrativo del Tolima, le dio la razón al Mandatario Seccional en esta instancia, pero se espera apelación al respecto.

Según se ha podido establecer, el Concejo cumplió un trámite indebido e incluso, inconstitucional, al querer satisfacer una 'alcaldada'.


Decisión
El pasado 11 de agosto de 2011, el magistrado ponente José Aleth Ruiz Castro, emitió un fallo en el que sustenta que es ilegal el acuerdo 006 del 31 de marzo de 2011, expedido por el Concejo de Valle San Juan por medio del cual 'se autoriza al Alcalde (Germán Guarnizo) para contratar vigencias futuras con destino al sostenimiento de la afiliación del régimen subsidiado y se dan autorizaciones para incorporar los recursos que garanticen la contratación del régimen subsidiado en salud ' por no haberse ceñido su trámite de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 136 de 1994.

Lo anterior en atención a un control de legalidad que instauró el gobernador Óscar Barreto, tras enterarse que el citado acuerdo 006 no cumplió con los pasos correspondientes para su aprobación.

Para la Gobernación, un trámite semejante le traería problemas de presupuesto al Municipio en los años venideros y quedaría manos cruzadas para realizar inversión pública.    

Irregular
La historia nace el pasado 29 de marzo de esta año, fecha en la que el acuerdo pasó un primer debate en el Concejo de Valle de San Juan siendo aprobado el 31 de marzo cuando de acuerdo con la ley 136 debió esperar tres días para su votación en plenaria, es decir que se tuvo que realizar el primero de abril.

De este y otros errores de procedimiento se valió la Administración Seccional para instaurar dicha acción legal y evitar un error que, a juicio de la Secretaría de Educación, es a todas luces inconstitucional y contraproducente.

Enterado de la situación y errada pretensión de unos ediles y del propio Alcalde, el gobernador Barreto, amparado en el artículo 305 de la Constitución Nacional elevó un control de legalidad sobre el pretendido uso de las vigencias futuras.

Al respecto, el Tribunal invalidó el acto de los ediles por haberse expedido de manera irregular, encontrando que el proyecto no fue bien repartido por la Secretaría del Concejo y que tampoco se cumplieron los respectivos debates.

Qué hay detrás
La Secretaría de Salud del Tolima informó que Valle de San Juan no ha cumplido con el tema de la afiliación del régimen subsidiado y los cupos están desfinanciados, pero incorporar dineros de 2012 para ejecutarlos este año para equilibrar dicha balanza podría resultar nocivo y como dice el refrán 'saldría más caro el remedio que la enfermedad'.

La afiliación y atención del régimen subsidiado tiene dos fuentes de financiación: La primera corresponde a los aportes que hace Fosyga, el Departamento y los propios municipios, a través de una especie de 'bolsa' o cupos.

La segunda, y dependiendo de la situación de los entes territoriales, está a cargo exclusivamente del Fosyga.

Pues bien, cuando un Municipio se hace cargo de esta obligación directamente, deberá seguir respondiendo por ella indefinidamente, y no solo por el lapso de las vigencias comprometidas, peligro inminente cuando el acuerdo dice “...y se dan autorizaciones para incorporar recursos que garanticen la contratación del régimen subsidiado en salud”.

Esto significa que a cargo del presupuesto de Valle de San Juan quedaría el tema de afiliación y contratación para el régimen subsidiado.

Para Juan Carlos Basto, secretario de Salud del Tolima es imposible que el fisco de un Municipio pequeño como Valle de San Juan soporte una carga tan pesada, pues es evidente que no existen las suficientes fuentes de ingresos para sustentar el sistema con esfuerzos propios, por lo que no dudó en calificar el tema como una 'alcaldada'.

“Solamente en un evento excepcional se podría comprometer vigencias futuras para salud, pero solamente con la autorización del Ministerio de Hacienda y de Protección Social. El trámite que se estaba adelantando es gravísimo, contraproducente, acusa desconocimiento y no es constitucional”.  

Por el momento, se espera que el Concejo Municipal ponga algún recurso contra el fallo del Tribunal, pero se estima que no hay ambiente político, dada la campaña electoral, para contrarrestar la decisión de esta instancia jurídica.
    
PELIGRO
Pues bien, la pregunta que surge, es por qué un Gobernador eleva una acción de este tipo contra un Concejo de un Municipio que aparentemente se preocupa por el tema de la salud de los más pobres.

La razón no es política y ni siquiera procesal, sino que tiene un fondo constitucional, técnico y económico que supone la protección del fisco de Valle de San Juan.

Para Juan Carlos Basto, “lo que se pretende es evitar un descalabro en las finanzas del Municipio.

“De poder usar las vigencias, significaría que un burgomaestre tendría la capacidad de usar hoy recursos futuros para el tema de salud y dicha acción dejaría comprometido a su sucesor y sin capacidad de maniobra”.

Además, es bien sabido que un paciente de alto costo, con patologías cardiovasculares o procedimientos especializados como quimioterapia o trasplantes, pueden superar ampliamente los 100 millones de pesos por persona.