La directora de Cortolima, Carmen Sofía Bonilla, aclaró públicamente el procedimiento por medio del cual se le otorgó licencia ambiental a Elsy Pachecho de Ospina para la polémica explotación aurífera de Ataco, que ha sido materia de escándalo y de enfrentamientos políticos en las últimas semanas.

Señaló que la Alcaldesa de esta localidad y la Personería tenían conocimiento del procedimiento que se adelantaba en la Corporación, y que el trámite se cumplió de manera legal.

Indicó que el permiso no son para 129 hectáreas, sino para 28, y que el río Saldaña pasa a un kilómetro del área a intervenir.

Destaca que “nada se hizo a escondidas como pretenden mostrarlo ante la opinión pública”.

Desde el 2008
Molesta por el escándalo público que se suscitó en torno a la explotación minera en las veredas Anape y El Viso, y frente a los señalamientos que le hiciera la Alcaldesa y el secretario General de la Gobernación, Éver Navarro, la Directora de la autoridad ambiental reveló la manera en que se llevó a cabo el proceso para otorgar la controvertida licencia.

“La señora Elsy Pacheco de Ospina, solicitó mediante oficio 9879 del 19 de agosto de 2008 la autorización ambiental para  explotación minera,  allegando el Formato Único Nacional  de Solicitud, junto con el contrato de concesión  para la exploración y explotación de un yacimiento de  minerales de oro  y sus concentrados  y demás concesibles (HF5-113) celebrado con el Ingeominas.

“La Corporación, el 5 de septiembre de 2008, le dice que debe publicar los avisos, lo cual se hace en dos medios de comunicación (Ondas de Ibagué y Tolima 7 Días)”.

Al tiempo que se cumple este proceso, el 12 de septiembre de 2008 la Corporación le  comunicó a la Personería Municipal y Alcaldesa de Ataco (Carolina Rodríguez  de Álvarez),  la solicitud de Elsy Pacheco  de dar inicio al trámite  de licencia ambiental  para el proyecto de explotación minera de oro en las veredas Anape y el Viso.

“Les advertimos sobre su derecho a intervenir en el trámite respectivo. Es importante aclarar que los actos administrativos solo se notifican a los interesados”, indicó Bonilla, quien sostuvo que no entiende que ahora se diga que no se conocía de la propuesta, pues se les “enfatizó a la Alcaldía y a la Personería que tenían el derecho a intervenir, además fue público, pues se publicaron los avisos en dos medios de comunicación”.

Se cumplió

Más adelante, el 9 de diciembre, Pacheco de Ospina, presenta el estudio de impacto ambiental y se anexa el auto 638 del 24 de noviembre de 2008, expedido por Ingeominas donde se aprueba el programa de trabajos y obras.

“Solo hasta el 2 de febrero de 2009, se le dice a la interesada que debe complementar el impacto ambiental, radicado el 13 de febrero.

“Solo un año después, el 22 de febrero de 2010, la Subdirección de Calidad Ambiental de Cortolima conceptúa  que es viable otorgar licencia ambiental a esta persona.

“En esa fecha se le dice que todavía faltan unos documentos que anexa rápidamente.

“Solamente hasta el primero de diciembre de 2010, se resuelve conceder el permiso para la explotación económica  de un yacimiento de oro y sus concentrado y demás concesibles en el municipio de Ataco conforme al contrato  de concesión HF5-113.

“Quiero decir que si bien el proceso dura normalmente 115 días, en este caso se llegó a 176 días, luego aquí no se hizo nada a escondidas de nadie, y no hubo tal acelere frente a la aprobación”.

Posteriormente, el 14 de marzo, se admite como tercero interviniente a Usosaldaña y pone recurso de reposición, siendo resuelto el 18 de abril, y mediante el cual se le explica que la cuenca del río Saldaña no se ve afectada con la explotación y se deja en pie el respectivo trámite.

La Corporación aclara que Usosaldaña, como tercero interviniente, a partir de su reconocimiento como tal, se le notificaron los actos administrativos y a los demás interesados simplemente se les comunica los expedidos en el trámite.

Aparición de Lohi SAS

Con la licencia aprobada, llega un oficio a la Corporación en marzo de 2011, firmado por Rigoberto López Hernández, sin haberse constituido en para esa fecha Lohi SAS, solicitando una prórroga para la entrega de la póliza de la licencia ambiental.

La Corporación desconoce a López, y le recuerda que la única responsable de las obligaciones es Pacheco.

Para ese momento, Lohi SAS no existía y esta persona se presenta como persona natural.

Como recordará la opinión pública esta empresa, que terminó operando la cuestionada concesión solamente fue inscrita el 24 de mayo de este año ante la Notaría Novena de Bogotá, en tanto que el contrato entre Pacheco y Lohi SAS se cumplió el 30 de mayo de 2011 en Ibagué.

 â€œEs cierto que no sabíamos nada de esa firma y mucho menos conocíamos que Lohi SAS y Pacheco de Ospina habían firmado un contrato de operación. Eso lo supimos el 8 de agosto cuando se presenta el escándalo en los medios de comunicación.

“Procedemos a requerir a Pacheco de Ospina mediante oficio del 9 de agosto para que nos informara qué relación tenía con esa empresa o con una señora Mireya Ariza.

“El 11 de agosto se presenta Lohi SAS como operador de la concesión y entregó unos documentos.

“Ahí aparece nuevamente Rigoberto López Hernández quien se presenta oficialmente como representante legal de la compañía ante la autoridad ambiental.

“El 17 de agosto contesta Pacheco que ni la empresa Lohi SAS ni Mireya Ariza hacen parte del título minero o licencia ambiental y que tampoco tienen derecho real sobre los predios.

“Aclara que no ha cedido ni transferido los derechos otorgados, pero hace claridad que el 30 de mayo celebró un contrato de operación minero con Lohi SAS y sus representantes legales.

“Eso quiere decir, que así exista ese compromiso o negocio entre ellos, para Cortolima la responsable de la licencia es Pacheco de Ospina. Si hay daños y si se emiten sanciones o multas serán contra la titular de la licencia”.

Son menos hectáreas

Otro tema que fue materia de polémica es que se iban a explotar 129 hectáreas y que las quebradas de dicha área se verían perjudicadas por la explotación, poniendo en peligro el suministro de agua potable para el casco urbano de Ataco.

“Solamente se concedió permiso para 28.5 hectáreas de las 129, es decir que solamente se aprobó el 20 por ciento del título minero. La explotación se debe cumplir donde no hay afectación del recurso hídrico.

“Además el río Saldaña está a un kilómetro de distancia de las áreas autorizadas y la quebrada más cercana, es decir El Tigre, está a más de 100 metros; basta recordar que la ronda hídrica es hasta 30 metros”, sostuvo Carmen Sofía Bonilla.

Para la Corporación es importante señalar que la concesión de aguas sobre la quebrada el Tigre (afluente del río Saldaña) en caudal de 0.2 litros por segundo, para uso minero, está sujeto a presentación de plan de ahorro y uso eficiente del líquido, pago de tarifa de uso, etc.

Según informe técnico, el agua será conducida por tubería enterrada hasta un reservorio y desde allí bombearla a la planta de lavado.
Igualmente, se hace advertencia en la licencia, sobre respeto a las franjas protectoras de fuentes hídricas.

Los drenajes serán regresados a la quebrada El Tigre. Se informa que el proceso de lavado no se hará uso de ningún químico y el lavado de gravas será a presión.

El permiso de aprovechamiento forestal es sobre  52 árboles, para lo cual se impuso una medida compensatoria consistente en siembra y mantenimiento por tres años de una hectárea con especies protectoras, debiéndose allegar el plan de reforestación.

AUDIENCIA
Carmen Sofía Bonilla, quien fue retada por la Alcaldesa de Ataco a que se realizará una audiencia pública para conocer la forma en que se cumplió el otorgamiento de la licencia, explicó que “ella (Alcaldes) tuvo conocimiento del proceso desde el 2008 hasta el 2010 y nunca inició dicho trámite. No interpuso recurso de reposición a la licencia. Lo único que puede solicitar es una socialización”.