Posiciones dividas fueron presentadas en la audiencia pública que efectuó Cortolima en el marco del trámite de licencia ambiental solicitada para la construcción y operación de una planta productora de cemento de la empresa Cemcolsa S.A., que funcionaría en la vereda Caracolí -sector Puente Alegre- de San Luis.

La firma, además, adelanta el trámite de la concesión de aguas, el permiso de vertimientos, ocupación de cauce y emisiones atmosféricas.

La petición de la audiencia pública fue hecha por habitantes del municipio, así como de Valle de San Juan, con el fin de conocer el impacto ambiental que puede causar la planta y la importancia de conservar y proteger los recursos naturales, principalmente en las zonas protectoras del río Luisa.

El panorama
En la audiencia, que se cumplió ayer en la institución educativa Caracolí, fue presentado el proyecto e intervinieron representantes de Cortolima, Cemcolsa S.A. y la Gobernación, los mandatarios de San Luis, Guillermo Ignacio Alvira Estrada, y Valle de San Juan, Bernardo Peláez Suárez, y líderes comunales de ambas localidades, quienes expresaron sus puntos de vista al respecto de la iniciativa.

En medio de las intervenciones, el Secretario de Planeación de San Luis recordó que en la anterior administración local hubo modificaciones al uso del suelo en el POT, atendiendo al acuerdo 03 de 2010.

“El proyecto fue aprobado por el Concejo y sancionado por el alcalde Silverio Góngora. En este se declaró zonas de uso industrial en el sector de Payandé”, dijo.

Para César Gabriel Sánchez Lara, vocero de la comunidad de las veredas Santa Isabel, El Lobo, Agua Flor, La Flor y Caracolí, de San Luis, más que la inconformidad con la firma cementera es la molestia con el Gobierno anterior de San Luis, por haber cambiado el uso de suelo de dicho sector.

“La lucha no es tanto contra la cementera, sino con la administración, porque dio pie para que vinieran cementeras o cualquier empresa industrial a montarla en la región, cambiando el uso de la tierra en el POT, sin responsabilidad alguna, sin socialización ni aval de la Gobernación, simplemente el Alcalde pasó un proyecto de acuerdo a los concejales y ellos lo aprobaron.

“Cambiaron la franja específicamente Payandé - Puente Alegre, un sector de unos siete kilómetros de 300 metros lado y lado, como zona agroindustrial siendo una zona agroturística, que incluso hace parte del proyecto de la Ruta Mutis”, explicó Sánchez Lara.
   

“La empresa llegó hace unos tres años, compraron unos predios en Puente Alegre y empiezan a trabajar sin ningún control de la autoridad ambiental -construir y traer maquinaria pesada-, pero no  avisaron a la comunidad qué iban a hacer, como dice la ley; ahí empiezan los rumores de que se va a instalar una empresa cementera.

“Al darnos cuenta de qué era lo que pretendía empezamos la lucha. La empresa y las autoridades municipales de la época ahí sí empezaron a hacer las socializaciones viendo que la comunidad no estaba de acuerdo”, expresó uno de los asistentes.

El impacto
Quienes se oponen al desar­rollo del proyecto hacen hincapié en el impacto ambiental que tendría este, por la emisión de material y la concesión del río, que no permitiría la prestación de un servicio de acueducto en buenas condiciones.

“Es muy negativo, tenemos el antecedente con Cémex, empresa con la que hemos tenido bastantes problemas como la polución, además es una región muy crítica en acueducto; en época de verano se sufre por el agua, a los hogares nos llega cada dos semanas y solo dura tres días, nos toca almacenar en pozos y racionalizarla y hasta cargar agua del río Luisa en tractores”, sostuvo el líder comunal.

Y añadió que las fuentes hídricas en la localidad son escasas y que la principal es el río Luisa, que está concesionado, por lo que no podrían darse nuevas concesiones.

Otra de las dificultades que reportaron los asistentes por la presencia de Cémex fue la avería de las viviendas en Payandé, el mal estado de las vías por el paso de los vehículos de carga pesada y el empleo que se genera para personas que residen fuera de la región.

“Las vías no son aptas para eso, ninguna autoridad gubernamental ni vial ha tomado cartas en el asunto para resolver este problema; si esta nueva cementera logra instalarse, se van a incrementar los problemas.

“En cuanto al empleo, es mínimo para la población del corregimiento, pues siempre traen gente de otro lado”, añadió otro de los inconformes.

Adicionalmente señalaron que de ser un hecho la instalación de la cementera los recursos serían repartidos entre San Luis y Valle de San Juan, dado que en este último se haría la explotación.

Frente a la posición del Alcalde de San Luis sobre el tema, coincidieron en que no es clara.

“No ha dicho si está de acuerdo o no; en ninguna reunión quisiéramos conocer su posición”.

En medio de la audiencia, el mandatario salió del recinto. EL NUEVO DÍA intentó dialogar con el delegado de este -el Secretario de Planeación- y el representante de Cemcolsa S.A., pero se abstuvieron de dar declaraciones.

¿A favor?
A su turno, el alcalde de Valle de San Juan, Bernardo Peláez Suárez, expresó que guardará la línea que ha referido el Gobierno nacional en esta materia.
“Mi posición es la del Gobierno nacional, de que la minería ilegal hay que combatirla, porque es la base de la contaminación ambiental, pero la minería legal hay que apoyarla, porque es la base del desarrollo de los municipios”.

Al tiempo argumentó que la minería trae regalías a los municipios e ingresos por concepto del impuesto de Industria y Comercio.

“Siempre y cuando se enmarque dentro de la normatividad vigente del estatuto minero, estaré de acuerdo, porque los alcaldes tenemos que ser los vigías numero uno de nuestros recursos naturales y de evitar la contaminación ambiental. En ello estamos trabajando”, indicó.

Jhon Romero, representante legal de la comunidad Jaguas Laguna Vieja de San Luis, manifestó estar de acuerdo con la cementera porque -a su juicio- no afectaría el medio ambiente.

“Hemos investigado que ellos van a manejar una tecnología que no va a atentar contra la madre Tierra y el medio ambiente y eso nos hace contar con una garantía de que es un proyecto sostenible.

“En las exposiciones que nos han hecho desde hace más de un año, explicaron cómo actuarán. Vemos que este proyecto cumple las normas internacionales y ambientales que se requiere. Es ilógico que una comunidad por falta de información quiera cambiar el rumbo al proyecto”, acotó.

Romero aseveró que a Cemcolsa S.A. le solicitaron la siembra de árboles, protección de las fuentes hídricas así como “la oportunidad de que tengamos agua potable, ya que en muchas veredas no contamos con el preciado líquido, además nos dijeron que van a cuidar las riquezas arqueológicas del municipio en la parte de Contreras, en toda la margen del río Luisa”.

Otros interlocutores argumentaron que el proyecto es conveniente, considerando las pocas oportunidades laborales que hay en la región.

La voz
El ingeniero Rodrigo Hernández, subdirector de Calidad Ambiental de Cortolima, explicó que la audiencia se efectuó dando cumplimiento a lo que ordena la ley y garantizando la transparencia del proceso.

“En la audiencia pública estamos viendo que no hay una total oposición ni total aceptación, están muy equilibradas las cargas. Básicamente en este tema las problemáticas son, en particular, el ruido y fundamental las concesiones de agua, toda vez que el río Luisa está concesionado en su totalidad”.

Aún no se conoce cuándo la autoridad ambiental tomará la decisión de otorgar o no la licencia para la instalación de la planta.

“Tanto los técnicos como la parte jurídica nos sentaremos a revisar nuevamente, de manera cuidadosa, todo el estudio que presentaron y los requerimientos que se les pidieron el año pasado y que ya fueron aportados, para poder determinar un sí o un no y no incurrir en ninguna irregularidad, teniendo en cuenta la transparencia que siempre ha brindado la Corporación ante los proyectos y la comunidad”.

Con respecto a la socialización de la iniciativa, el ingeniero señaló que “se dio pie para que la gente se enterara de la situación; lo que sucede es que la gente a veces no se entera, no lee los periódicos o no escucha noticias”, concluyó.

Dato: El 17 de diciembre de 2010, Martha Lucía Oeding Angulo, apoderada especial de Cemcolsa S.A., presentó a Cortolima los documentos correspondientes a la solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto.