El hito que marcó el pueblo piedruno el domingo por medio de la primera consulta popular sobre minería en Colombia se estaría convirtiendo en una verdadera encrucijada para el Gobierno nacional, pues aún no se define si el resultado será respetado o no.

Frente a eso, el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, señaló que esa decisión no es ilegal y afirmó que él, como autoridad ambiental del Departamento, sabe que debe respetar la decisión que adoptaron los habitantes de piedras de manera contundente. 

“La Constitución Política señala que la soberanía del país está en el pueblo y él se manifestó; es más, los habitantes de Piedras mandaron, por esa razón la consulta popular no tiene vicios de inconstitucionalidad”, afirmó Cardoso. 

Sobre los cuestionamientos hechos a la pregunta que orientó el proceso electoral, provenientes de directivos de Angloglod Ashanti y del ministro de Minas, Federico Renjifo, indicó que no los comparte, porque la misma fue revisada por el Tribunal Administrativo del Tolima. 

“Además en las mesas de votación no hubo impugnación por terceros; en ese sentido, lo que corresponde ahora al Alcalde de Piedras y al Concejo es emitir un proyecto de acuerdo donde se vea reflejada esa decisión, además de entrar a modificar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)”, afirmó. 

Y señaló, además, que el Estado social de derecho debe procurar atender las decisiones que incidan en la vida económica, política y ambiental, “por eso debemos acatar el resultado de Piedras”. 

Cardoso afirmó que así el Gobierno nacional declare como interés muchos proyectos no se puede arrasar con la manifestación del pueblo. 

El Director de Cortolima también se refirió a una de las hipótesis que viene manejando el Gobierno nacional y es que ellos son los dueños del subsuelo y por eso la decisión está en manos de ellos. “Pero quienes componen la nación son el pueblo, el Estado y el territorio. En ese sentido no se puede explotar el subsuelo, sin el suelo”.

Por eso, el mandato de Piedras es sencillo de interpretar, ya que sus habitantes afirman que no quieren que se utilice y eso se debe respetar, aseveró Cardoso. 

Y agregó que lo que vivió en Piedras es un hito de carácter democrático ambiental y marca una pauta muy importante de orden incluso internacional.

“Conozco que en Perú, Argentina y Chile se está analizando el proceso que se vivió el domingo en Piedras con la iniciativa del Alcalde y la comunidad en general”, puntualizó. 

Apoyo de la OCMal

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), que agrupa más de 40 organizaciones de todo el continente, a través de delegados de Perú, Bolivia, Chile, Honduras, El Salvador, Ecuador, Colombia y demás organizaciones, reunidos en un encuentro en la ciudad de Bogota, mostró su apoyo al proceso de resistencia de las comunidades en Piedras. 

Asegura que es un logro de la oposición, ya que “la comunidad está ejerciendo su derecho a la participación mediante el mecanismo legal de la consulta popular, decidiendo sobre la implementación de proyectos de megaminería y las actividades asociadas, como un ejercicio autónomo de defensa del territorio”. 

En el documento de respaldo, hace además un llamado a las autoridades públicas, la opinión pública y la comunidad internacional a apoyar y respetar los resultados de la consulta como una expresión legítima y democrática. 

“No solo porque así lo establece la ley colombiana, sino porque el resultado de la misma expresa el sentir colectivo de la comunidad tolimense y de quienes rechazamos la lógica extractivista que se nos ha impuesto en toda América Latina”, cierra.

“La fecha de la consulta deberá ser una decisión concertada”

El gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, en la clausura de las sesiones de la Asamblea departamental, indicó que la consulta popular regional se haría en 2015 o en octubre de 2014, ya que en esos años se convocan las elecciones donde asiste la mayor de gente posible a sufragar. 

“Queremos que más del 80 por ciento de tolimenses se pronuncie sobre el destino de su propia tierra, y no es a través del calor y la pasión que viva el Tolima, sino de la profunda convicción de los daños que ocasionaría la minería a cielo abierto”, dijo el mandatario.

Serpa y Noemí también opinaron

El exministro liberal Horacio Serpa dijo a Caracol Radio que es una decisión clara de una comunidad y que como hecho político es vinculante. Y aseguró que si no se hace el debate a fondo sobre minería y demás recursos no renovables, su armonía entre desarrollo y medio ambiente, consultas como esta se replicarán, respaldadas por lo que está en la Constitución.

Planteó que en Cajamarca, donde está la mina La Colosa, también es necesario que se lleve adelante una consulta para que sus pobladores se pronuncien al respecto, y puso de presente que tener una mina “se vuelve una desgracia” por los efectos que trae sobre la zona. 

E indicó que hay diferencias e incoherencias entre los ministerios de Ambiente, que han tomado medidas, y el de Minería, que ha actuado “con manga ancha”. 

Por su parte, Noemí Sanín señaló que el resultado de la consulta tolimense no es un hecho vinculante para el Gobierno nacional. “Acá tenemos una alerta temprana para un paro muy grande.

“Hay que respetar la seguridad jurídica del país”, indicó la exministra, y pidió no generalizar sino oír a todos los que tienen relación con esta actividad. 

Senador Santos rechazó declaraciones de MinMinas 

El senador tolimense Guillermo Santos aclaró al Gobierno que “por encima de los intereses de la grandes multinacionales y del posible ‘aumento’ del Producto Interno Bruto y regalías, con la tan mencionada Locomotora Minera, están la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria de los colombianos”.

El presidente de la Comisión Séptima del Congreso también solicitó al presidente Juan Manuel Santos, por intermedio de sus interlocutores, respetar las decisiones del constituyente primario (ciudadanos) sobre ejercicios democráticos trasparentes como la consulta popular y las normas legales vigentes.

“Si es necesario, convoque a un gran debate nacional a fin de conocer la realidad en materia minera frente a la calidad de vida de los colombianos o, en su defecto, de cara al país, asuma una posición clara respecto a los temas mineros y la protección del medio ambiente”.