Con malestar porque no hubo convocatoria para los habitantes y veedores de Armero Guayabal interesados en el relleno sanitario, se realizó en la Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima, una audiencia para conocer el futuro de esta obra. 

Dentro de las conclusiones se destaca adelantar un proceso de consulta popular similar al que se hizo en Piedras, para que sea la comunidad la que defina si quiere o no que en el municipio se termine la construcción. 

Según explicó Fabio Beltrán, uno de los veedores del proyecto, la convocatoria era para todas las personas e instituciones vinculadas al tema. 

“No entendemos qué pasó, porque el alcalde Mauricio Cuéllar estaba enterado”, señaló Beltrán.  

Comentó que en el lugar se han invertido más de dos mil millones de pesos y en las obras no se ve reflejado ese dinero. 

“Esa situación es de recordar está denuncianda ante la Contraloría por un presunto detrimento patrimonial”.  

Beltrán añadió que fue una obra que inició mal, porque se hizo un muro de 15 metros de altura, que no garantiza la estabilidad y que está a punto de derrumbarse. 

“El proyecto lo hicieron donde no se puede establecer un relleno sanitario y nos oponemos, porque es lesivo para el medio ambiente. 

“Es más, el muro fue hecho sobre una quebrada violando todas las normas ambientales”, indicó el veedor. 

Señaló que por esas razones, ante diferentes entes han venido manifestando su inconformismo, además de las irregularidades que tiene la licencia ambiental.

“El proyecto nunca fue socializado, es más, aún la comunidad no entiende qué es lo que se hará”, afirmó Beltrán. 

Por último, manifestó que en la actualidad están enfrentados a la posición de un alto tribunal que ordena hacer la obra. “Ahora el temor es que le toque a la gente pagar ese proyecto”. 

¿Por qué se citó a audiencia?

Según explicó el veedor, la reunión se convocó para hablar de la situación del relleno sanitario y qué va a pasar a futuro.

“Pero nosotros creemos que fue más bien motivada por la decisión que tomó el Consejo de Estado, ante una acción popular que instaurará la Procuraduría Ambiental, ya que al parecer, unos recursos destinados al saneamiento básico del municipio fueron orientados al relleno sanitario”, explicó Beltrán.

Añadió que también se ha debido a un pronunciamiento del Tribunal Administrativo, donde se obligó a la Alcaldía a terminar la obra.

“Por eso la administración se siente presionada, por una acción popular que se dio cuando Diego Alvarado fue procurador Agrario y Ambiental”, dijo el veedor.Señaló, por último, que la Procuraduría entendió que hubo una serie de irregularidades en el otorgamiento de la licencia. 

Además de la necesidad de que sea la comunidad la que tenga la última palabra sobre este proyecto.