Un presunto detrimento patrimonial por la permuta de unos predios de propiedad de la Terminal de Transportes, está en proceso de indagación por parte de la Contraloría General de la República, según anunció Sandra Morelli en su visita a Ibagué.

El supuesto menoscabo fiscal se presentó cuando se entregó un lote destinado a la construcción de la nueva infraestructura.

Según el ente de control, la empresa Terminal de Transportes de Ibagué S.A. adquirió en julio de 2010 el lote número tres Portelandía, por unos tres mil 200 millones de pesos, pagando 972 millones de pesos en efectivo y entregando cuatro predios de su propiedad y las mejoras sobre otro terreno.

Sin embargo, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, los cinco predios que permutó la Terminal están avaluados en cuatro mil 968 millones de pesos, que sumado al dinero entregado en efectivo (972 millones de pesos) da un total de cinco mil 940 millones de pesos, suma inferior a los dos mil 150 millones en que está avaluado el terreno que se le entregó por parte de la Sociedad Escobar y Arias S.A.

Por lo anterior, la Gerencia del Tolima de la Contraloría General de la República considera que esta situación se debió a la errada decisión de apartarse de los estudios previos a la negociación que efectuó la Oficina de Planeación municipal de Ibagué, y del respectivo estudio de prefactibilidad.

Y por esa razón, el ente de control desarrolla una investigación tras recibir una denuncia sobre el tema, por parte de la apoderada de un grupo de accionistas minoritarios de la Sociedad Mixta Terminal de Transportes de Ibagué, Sandra Magally Leal Siachoque.

Frente a este tema, Freddy Camacho Díaz, gerente departamental colegiado de la Contraloría General, dijo que esto se debe a la negociación que hubo con los lotes donde será construida la terminal y se iniciarán las diligencias fiscales del caso de las personas responsables, como el es caso de la Junta Directiva.

Proceso fiscal por el tesorero desaparecido

Por otra parte, la gerencia de la Contraloría en el Tolima, adelanta un proceso de responsabilidad fiscal verbal por manejo irregular de dinero en efectivo en esta misma empresa, la Terminal de Transportes de Ibagué, por parte del extesorero Luis Arcesio Ceballos, quien desapareció hace casi dos años llevándose más de 30 millones de pesos producto de la venta de gasolina de una estación adscrita a la sociedad.

El ex funcionario, que sigue desaparecido, estaba ejecutando un ‘robo continuado’ de dineros de la empresa, a tal punto que el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República alcanza una cuantía superior a los 372 millones de pesos.

Una acción popular no prosperó en el Tribunal

En la demanda, se indicaba que con la compra del terreno donde será reubicada la nueva terminal de transportes de Ibagué se afectó el patrimonio público y los derechos colectivos de la ciudadanía.

Pero el Tribunal Administrativo del Tolima decidió no acceder a las pretensiones establecidas en una acción popular interpuesta por Lina María Parra Granados, porque consideró que las mismas no contenían los argumentos suficientes ni las pruebas suficientes que demostraran una afectación del patrimonio público, así como una vulneración de los derechos colectivos de la ciudadanía.

Según la acción popular interpuesta por Parra Granados, con la compra del lote efectuada en 2010 se vulneraron los derechos colectivos referentes a “la moralidad administrativa” y a la “defensa del patrimonio público”.

Cargos de responsabilidad contra la firma constructora Inecon Te S.A.

Además, la Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal en cuantía de cinco mil 150 millones en contra de la firma constructora Inecon Te S.A. por no reintegrar un anticipo de dos mil 591 millones y los respectivos rendimientos financieros.

La irregularidad se presentó en la ejecución del contrato 3673 de 2005 que suscribió la constructora con el Instituto Nacional de Vías, Invías, para realizar el estudio, diseño, reconstrucción, pavimentación y /o reparación del Tramo uno de la vía Cunday - Los Alpes y el tramo dos de la vía Prado - Dolores.

Este incumplimiento llevó al Invías a declarar el siniestro estableciendo la obligación del contratista de pagar el anticipo, más los rendimientos financieros, sumas que no reintegró.

A este proceso se vinculó también, como tercero civilmente responsable, a la Compañía Mundial de Seguros.