Relleno sanitario puso a temblar al Alcalde de Armero - Guayabal

JORGE CUÉLLAR - EL NUEVO DÍA
Mauricio Cuéllar desistió de su idea de renunciar, pese a que había llevado la carta al Gobernador. Aseguró que se siente ‘entre la espada y la pared’.

Un regaño del gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, hizo desistir al alcalde de Armero - Guayabal, Mauricio Cuéllar, de su renuncia al cargo.

La decisión, que se había producido por la polémica que hay con el relleno sanitario y que parecía radical por parte del mandatario, se echó para atrás luego de la reunión con Delgado Peñón.

Cuéllar, al salir del encuentro con el mandatario de los tolimenses, que tardó cerca de cuatro horas, dijo que está entre la espada y la pared; tiene, por un lado, el pronunciamiento del Consejo de Estado que le obliga a terminar la obra y, por el otro, un concepto de la Contraloría General de la República, que advierte sobre el riesgo del proyecto, al igual que la comunidad que se opone al relleno.

“El Gobernador no me aceptó la renuncia y, por el contrario, me regañó porque hemos venido mejorando la situación del municipio”, comentó Cuéllar.

Y agregó que se siente presionado y que esa fue una de las razones que lo habían llevado a pensar en renunciar.

“Primero Fonade nos pide una propuesta de liquidación bilateral que se cumple mañana y eso no lo tenemos, además nos están exigiendo la plata de inversión, que son más de dos mil millones de peso”, afirmó el Alcalde.

Pero no serían los únicos; Intareseo también entraría a cobrar, porque dicha firma se ganó la licitación y ejecutó allí unos trabajos. “Esos son fueron otros de los motivos de mi renuncia”, sostuvo.

¿Estudian una salida viable?

Cuéllar agregó que tanto él como el Gobernador acudirán hoy al Ministerio de Vivienda, donde sostendrán un encuentro con representantes de Fonade, y presentar una primera propuesta.

“Estamos sugiriendo que nos den un compás de espera para hacer el estudio hidrológico, que ratificaría o desvirtuaría la licencia y tener un diagnóstico real”, señaló.

Lo que no se sabe es quién asumiría ese costo, porque el Municipio está en Ley 550 y ese proceso tiene un valor de 400 millones de pesos.

CLAUDIA RESTREPO

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