Una denuncia de un grupo de habitantes de Suárez originó que la Contraloría del Departamento realizara una auditoria en el municipio encontrando unas irregularidades, por lo que algunas fueron trasladadas a la Procuraduría y Fiscalía.

En la queja se expresaba que la Alcaldía había cancelado dos pagos por suministro de materiales para el mantenimiento del alumbrado público.

Además, de un contrato fraccionado de construcción de unidades sanitarias, suministro de combustible a un bus escolar y de algunos procesos celebrados entre la Alcaldía de Suárez y Fred Moisés Prada Vargas, entre otros.

Debido a esta serie de denuncias, el ente de control envió un funcionario al municipio y mediante una auditoría se evidenciaron algunas de ellas.

Lo que encontraron

En el informe de la Contraloría se señala que la entidad no utilizó racionalmente los recursos públicos en 2010 y 2012, ya que se direccionaron dineros sin respaldos de cuentas de pago, así mismo que la Alcaldía efectuó pagos por el rubro presupuestal para gastos que no corresponden con el objeto que correspondía.

“Se evaluó y se evidenció irregularidades en el manejo de los recursos y procedimientos aplicados en la contratación, el almacén y la tesorería, por lo que se estableció presuntas observaciones administrativas con indecencias fiscal, penal y disciplinaria”, reza el análisis del ente de control.

Sobre el pago de dos cuentas para el mantenimiento de la red de alumbrado público, el contralor del Departamento, Efraín Hincapié, indicó que la Alcaldía debió hacer el reintegro de siete millones de pesos aproximadamente.

“Por lo anterior nos vimos en la obligación de que las actuaciones de los funcionarios involucrados se hicieran llegar a la Procuraduría y Fiscalía, para que estos investiguen estos hechos”, afirmó el Contralor.

¿Cómo fue el pago de los cheques?

En el informe redactado por el ente de control se especifica que la Alcaldía suscribió contrato el 23 de septiembre de 2009 con Gustavo Alcalá Torres, para materiales y mantenimiento de alumbrado público, por siete millones de pesos.

Por tal motivo, la Contraloría comprobó que la obligación se canceló el 4 de diciembre de 2009.

Pero para la vigencia de 2010 la Administración de Suárez pagó seis millones de pesos a Gustavo Torres Alcalá, en el que se observó en el título del cheque que este fue endosado y cobrado el 10 de mayo por María Liliana Lozano, en el Banco Agrario de Espinal.

Por lo que este proceso fue denominado como un presunto hallazgo fiscal, y en visita al municipio se levantó acta sobre la devolución de estos dineros por el alcalde Raúl Suárez Barrero.

Esto determina que el funcionario (mandatario) resarció el daño patrimonial causado en 2010.

Lo anterior originó dos hallazgos con incidencia penal, por lo que se ocasionó un presunto pecualdo por apropiarse de recursos del Estado.

Por último, Hincapié indicó que otros de los hallazgos por resaltar son un detrimento patrimonial por un valor cercano a los 10 millones de pesos porque no se legalizaron unos gastos por el pago de servicios públicos del Fondo de Seguridad.

Concejal inconforme

Víctor Guillermo, cabildante del municipio del Sur del Tolima, señaló que espera que las entidades adonde se corrió traslado de esta información sigan investigando, porque como habitante de Suárez le preocupa las irregularidades que se están cometiendo.

“Al Concejo nos llegó el documento de la Contraloría del Tolima sobre las irregularidades que se encontraron luego de una visita al municipio donde se revisaron unos contratos”, comentó el concejal.

Y dijo que hasta la fecha no ve el avance en las metas del plan de Desarrollo que prometió Suárez Barrero.