La actual administración de Líbano, liderada por Jesús Antonio Giraldo, fue objeto de una auditoría que realizó el contralor del Tolima, Efraín Hincapié a las diferentes contrataciones que hizo el mandatario en 2012.

En el informe preliminar, dado a conocer por el ente de control, se evidencia un total de 41 hallazgos disciplinarios, dos penales, 49 admitidos para plan de mejoramiento y dos sancionatorios para los cuales el alcalde tendrá un término de cinco días para contestar.

Lo que se encontró

Según Hincapié, se encontró un presunto detrimento patrimonial por un valor cercano a los 433 millones de pesos, de los que se origina un total de 14 observaciones y, de estos, 310 millones de pesos aluden a comparendos realizados por la Oficina de Tránsito, al no ejecutar gestión de cobro, lo que originó su caducidad y prescripción.

También, un total de 15 millones de pesos, que están relacionados con el no cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo de cooperación, contrato 16 de agosto 18 de 2012, con la Policía nacional.

Otro de los procesos del presunto detrimento, es el equivalente a siete millones 500 mil pesos que se debe al no cumplimiento del contrato 02 de enero 5 de 2012, suscrito con Sergio Bazzani Afanador, para una asesoría jurídica para el cobro de cartera morosa.

Más de los hallazgos

Hincapié destacó además que no encontró debidamente soportada la ejecución de los contratos 06, 07 y 08 del 31 de marzo de 2012, que se firmaron con la Fundación Hogar de Niño por diferentes objetos para la atención de los menores en diversas situaciones.

El Contralor señaló también un proceso para la asesoría en el área de contratación de Catherine Alzate por cuatro millones de pesos, por el no cumplimiento.

Igualmente, hizo relación a un proceso de detrimento por un valor cercano a los 11 millones de pesos, donde no se entregó el suministro de la totalidad de los libros, que se especificaban en el proceso contractual 066 del año de vigencia de la auditoría, con la empresa Arte, Fotolito Arfo Editores e Impresores.

“Allí quedó plasmada la entrega de dos mil libros y no se encontraron mil 562”.

Destacó dentro del informe un contrato de Jeisson Cosme Suárez por nueve millones de pesos, que equivalían a material audiovisual y un faltante en almacén por dos millones 645 mil pesos, originado por un contrato con Ana Johanna Palacio Roncancio.

Al igual que otro proceso por un valor cercano a los dos millones de pesos, por no entregar elementos como sillas tipo de oficina y papeleras, especificados dentro del contrato 203 de diciembre 4 y 29 de 2012.

Detrimentos por 16 y 15 millones de pesos

En el informe se mencionan dos presuntos detrimentos por 16 millones 500 mil pesos cada uno, relacionados con un convenio firmado con la Fundación para el Desarrollo Armónico y Social del Tolima, para la capacitación de líderes de cuatro corregimientos y presidentes de Juntas de Acción Comunal.

El otro hace referencia a otra preparación, pero está dirigida a los funcionarios de la administración, docentes al igual que comuneros a cargo de Juan Pablo Rivas Gamboa.

El último de estos hallazgos que equivale a 15 millones de pesos, está relacionado con una asesoría legal y representación jurídica de los intereses del municipio.