Allí la zozobra con la que viven sus habitantes es diaria, ya que temen que colapsen las viviendas por las grietas que se evidencian en las paredes y en el desnivel en muchas de las calles principales.

Según indicó Miguel Ángel Aguiar, defensor del Pueblo en el Departamento, su despacho interpuso una acción de tutela en el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué que resolvió tutelar los derechos fundamentales a la vida de la comunidad de este municipio.

El fallo, además, ordena a diferentes entidades del Estado iniciar acciones para mejorar la situación.

“Nosotros teníamos conocimientos de las fallas que allí se venían presentando y gracias a los registros fotográficos se pudo constatar que eran evidentes las daños estructurales”.

Aguiar dijo que son varias las órdenes que las entidades como a la Alcaldía de Villarrica, la Gobernación, Cortolima y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, deberán cumplir.

“Se pide que todas estas instituciones trabajen de manera conjunta, para así encontrar una solución a las fallas que en este municipio se vienen conociendo”, aseguró el Defensor del Pueblo.

Agregó por ejemplo que a la administración local se le pide que en un término de seis meses se adopten medidas para diseñar un plan específico para contrarrestar esta situación, que generó la calamidad pública.

La alcaldesa, Aurora Rodríguez, indicó que solos no podían frente a esa situación y que habían enviado solicitudes a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero fueron devueltas.