Por un valor cercano a los mil millones de pesos, el Seguro Social en liquidación inició proceso de embargo a las cuentas de la Administración departamental.

Según explicó el secretario de Hacienda del Tolima, Ángel María Gómez, se debe a unos cobros de cartera que la entidad viene haciendo.

“Este proceso se dio por las cuotas partes de personas que trabajaron con la Gobernación y que se pensionaron por el Seguro Social, y que el Departamento debe transferirle mensualmente”, indicó Gómez.

Señaló que la oficina de cartera de la entidad determinó tomar esa medida cautelar por una suma cercana a los mil millones de pesos que fueron depositados por la empresa Bavaria al Departamento por impuestos.

“Por lo que se ordenó a título judicial que se debía pagar al Seguro Social esa suma de dinero, pero ya la oficina jurídica del Departamento se encuentra al frente del proceso para solicitar la revocatoria o revisión de la medida”, dijo.

Manifestó que lo que se pretende es buscar un arreglo conciliatorio con el Seguro Social. “Ahora el trabajo que sigue queda en manos de los abogados, para que traten de esclarecer la realidad de lo que se debe pagar”.

Comentó que el Departamento tiene un fondo de contingencia para atender estas situaciones, por lo que el flujo normal de dinero de la Gobernación no se vio afectado.

Gómez señaló, además, que hasta ahora todos los embargos o medidas cautelares que se decretan se han atendido, por lo que no se preocupa en lo mínimo porque no afecta a la Gobernación, y no genera intranquilidad en nuestros acreedores.

“Ese fondo se crea anualmente, por lo que se define con el presupuesto anual y corresponde al 15 por ciento de los ingresos que quedan libres luego de descontar todos los compromisos, es decir, cerca de dos mil 500 millones de pesos”, afirmó el funcionario.

Agregó que esperan que en el momento que resulten ‘castigados’ y tengan que pagar los dineros, el Departamento no sufra por está situación, “pero esperamos que los arreglos conciliatorios se den”.

Por último, señaló que estas medidas son más comunes de lo que parece, y son decisiones de los jueces por el tema de pensiones, de cuotas partes. Con relación a los contratistas, según Gómez, no se dan estás decisiones.