La obra, cuya inversión es de cinco mil 800 millones de pesos, y que ha sido objeto de críticas de los opositores del mandatario Orlando Durán Falla, dijo el Asesor, empieza con el sellamiento de los escenarios públicos, pactado para esa fecha porque se está surtiendo la fase de legalización de la interventoría, contrato que se “adjudica la próxima semana”.

Así el funcionario le sale al paso a los señalamientos de que la renovación había sido suspendida de manera temporal por el Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso Camacho, tomando como fundamento la petición de los ciudadanos Hilda Perdomo Penagos y Mauricio Albornoz Ruiz, integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio El Centro.

Esta pareja, mediante derecho de petición solicitó la intervención del Procurador al considerar que la obra amenaza el derecho colectivo a un ambiente sano, por la tala de varios árboles nativos con más de 50 años de antigüedad, que serían remplazados por 31 palmas de la especie real, sin la autorización de Cortolima.

Sobre el particular, Carlos Roberto Restrepo aseguró que atiende la decisión del Procurador de desarrollar una mesa de trabajo entre la Alcaldía, el contratista, Cortolima y los representantes de la JAC, porque son respetuosos de las determinaciones del Ministerio Público, al cual le aclaró a través de documento que desde noviembre 18 de 2013 se le solicitó acompañamiento a Cortolima por el tema ambiental hasta ahora sin respuesta.

“El municipio hizo el inventario de las especies arbóreas y la obra no se ha iniciado esperando la directriz de la autoridad ambiental en este tema, aclarando que la obra no requiere licencia ambiental ni permiso de aprovechamiento forestal”, explicó.