El proceso que Cortolima, inició contra Usocoello de carácter preventivo y transitorio, por las presuntas infracciones ambientales por la rehabilitación estructural en la represa Corea sobre el río Cucuana en la vereda Guadalajara de San Luis, generó diversas reacciones de quienes han denunciado esta situación.

Para el personero de San Luis, Jesús Ariel Sánchez, y la de Ortega, Rosalba Paola Morales Marroquín, la decisión de la autoridad ambiental se dio luego de un consejo extraordinario que se cumplió el lunes de esta semana con presencia del gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón.

Sánchez comentó que para él, la medida es tardía y le quedan muchos sinsabores sobre el tema. “La acción debió darse meses antes, porque ya Usocoello tiene una carretera por encima del espejo de agua”.

Agregó que existe una presión política grande, porque se está hablando de un grupo económico importante en el Departamento, “pero como servidores públicos nos toca tomar acciones por el bien de la comunidad y no para quedar bien con unas personas”.

El Personero comentó que esa medida debió adoptarse en febrero cuando Cortolima hizo una visita de campo y encontró que estaban haciendo obras que no eran pertinentes.

“El Director de Cortolima dice que es una medida preventiva, lo que quiere decir que cuando Usocoello responda o repare los daños la suspensión será levantada, pero eso lo veo bien complicado, porque no es solo de hacer llegar documentos”, señaló.

Sánchez, expresó que existen varios procesos sancionatorios abiertos, pero ninguno ha sido finiquitado, “De esto no vamos a sacar soluciones de fondo, porque cuando responda Usocoello les darán vía libre para seguir trabajando”.

Agregó que se puede recuperar lo afectado, “lo único que se requiere es que cumplan con las funciones que tiene Cortolima, y que se cambien los diseños y así muchas comunidades no se vean afectadas con las inundaciones, la idea es que el río siga con su dinámica normal y la represa lo que hace es trancarlo”.

Señaló que lo curioso es que la autoridad ambiental emite esa medida, cuando la obra está en un 90 por ciento ejecutada. “Además las acciones deben ser en pro de recuperar el afluente, porque el daño ambiental se presentó”.

El análisis que hace la Personera de Ortega, sobre esta situación y la decisión de Cortolima es similar.

Morales Marroquín aplaude lo que hizo Cortolima, aunque destacó que aún la resolución no estaba colgada en la página web de la entidad, y solo conoció la información por medio de un boletín de prensa.

“Estamos convencidos que el problema es el diseño de la obra de la represa, y eso fue lo que evidenció Cortolima, pese a que llevábamos más de tres años haciendo las denuncias, y hasta ahora vienen a corroborar lo que ya hemos dicho, porque el control y la vigilancia no se ha ejercido como debe ser”, indicó la delegada del Ministerio Público.

Comentó que el procurador Ambiental y Agrario, Ernesto Cardoso, señaló en reunión extraordinaria en Cortolima, el lunes, que no es solo decir que hay 14 procesos en curso, sino que hay que revisar si estos ya cumplieron los términos y que no se hayan vencido.

Indicó que no entiende cómo las autoridades de Ortega no pueden tener jurisdicción sobre este tema, puesto que Cortolima nunca les avisa de los permisos de ocupación de cauce, cuando el río Cucuana también pasa por dicho municipio.

“Se demoraron mucho para tomar acciones y aún falta, llevamos más de tres años haciendo mesas de trabajo sobre este tema y no había pasado nada, solo hasta que el se hizo público, fue que se conoció de las medidas”, puntualizó.