La contratación de un servicio de transporte escolar que cumpla con los requerimientos del Ministerio de Transporte en las zonas rurales se ha convertido en una problemática que ha logrado perjudicar el derecho a la educación, ya que al no contar con una opción de transporte estudiantil, los niños se ven abocados a caminar durante horas para llegar a las instituciones escolares.

Teniendo en cuenta este antecedente, la Defensoría del Pueblo regional Tolima instauró una acción de tutela en representación de los niños, niñas y adolescentes de 21 municipios, argumentando posible vulneración a los derechos fundamentales de igualdad, vida digna y la educación de los menores.

Aunque la acción jurídica fue denegada en primera instancia, la Defensoría logró justificar que aún faltaba la implementación de transporte escolar en varias zonas del Tolima y que además esta es una situación que se repite de manera constante, por lo que se pretendía crear un antecedente que determinara una mejor planeación para la ejecución de este servicio estudiantil.

Teniendo en cuenta estos argumentos, el Tribunal Superior de Ibagué revocó el fallo en primera instancia y emitió una sentencia el pasado 9 de julio, en la que se provee y garantiza el servicio de transporte escolar para las zonas rurales de 14 municipios, fallo que beneficia a 62 mil 500 niños.

Asimismo, solicita que las administraciones municipales coordinen con la Secretaría de Educación departamental, los planes de acción necesarios para asegurar la prestación del servicio de transporte escolar y garantizar su continuidad permanente.

Antecedentes

Cuando fue instaurada la tutela, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué trasladó la demanda a la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento y a los municipios.

Cada entidad entregó una justificación sobre por qué, aunque ya se contaba con parte de los recursos, no se efectuaba la contratación respectiva.

Entre los motivos que entregaron estaba que las exigencias de contratación no se ajustaban a la realidad de la mayoría de los municipios, en cuanto a topografía, también que había deudas pendientes por el servicio de 2014, otros como en el caso de Cajamarca dijeron que los estudiantes ya contaban con el transporte escolar.

Cada una de las contestaciones llevó a que el 26 de mayo el Juez Quinto Penal del Circuito de Ibagué denegara el amparo invocado.

Hallazgos

A los inconvenientes anteriores se suma que la Contraloría General de la República encontró una serie de irregularidades, comom por ejemplo, falta de soportes en los informes entregados o de pólizas de vida.

Por ello, para evitar que se vuelva a presentar este tipo de fallas, se practicó una interventoría y según Melquisedec Acosta, Secretario de Educación departamental, se debe “hacer acompañamiento y seguimiento a los municipios para que no suceda lo que ocurrió este año”.

En cuanto a hallar el tipo de carros adecuado, Acosta explicó que lo primero que se debe hacer es la convocatoria del servicio especial y si, dado el caso, nadie acude a la oferta, entonces se pueda contratar con particulares.