Según el Departamento Nacional de Planeación, DNP, la vida útil de los rellenos sanitarios de 321 municipios del país finalizaría en cinco años, situación que genera preocupación ante la falta de estrategias que tienen los entes territoriales para afrontar el tema.

En el caso de Ibagué, la licencia ambiental del relleno Parque Industrial La Miel, se vencería en el 2020, lo que le da como vida útil, según reporte del DNP, un promedio de cuatro años, tiempo en el que se debe evaluar si hay posibilidad de ampliar la licencia o se debe abrir nuevas celdas para arrojar los residuos sólidos.

La Miel “es un relleno sanitario con licencia ambiental y tiene vida útil en su primera fase hasta el 2020, tiene muy buena capacidad todavía. Ellos deben presentar nuevamente una licencia para ampliación de otras nuevas celdas”, explicó Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima.

Agregó que esta zona está incluida en el POT de Ibagué, al igual que en el Pomca del río Coello y cuenta con un plan de vertimientos y de emisiones atmosféricas.

En estado crítico

Hay poblaciones como Fresno, Herveo y Murillo que se encuentran en estado de alerta debido a que llevan sus residuos al relleno La Esmeralda de Manizales, a estos le quedarían 3.4 años de vida útil, debido al colapso por el que atraviesa el lugar.

“Tenemos en alerta Ataco, Planadas y todos los municipios del norte porque no han podido habilitar el relleno sanitario Santo Domingo, ubicado en Armero - Guayabal y que ya está autorizado (pero actualmente tiene un fallo del Consejo de Estado)”, contó Cardoso.

Tanto el DNP como el director de Cortolima, coinciden en que las poblaciones del Sur también están por colapsar. “En Rioblanco, San Antonio y en Coyaima el problema es muy preocupante, porque se está incorporando actividades propias para el cierre.

“Esta es una tarea (manejo de residuos sólidos) que le corresponde a los municipios”, precisó el director de la corporación Ambiental.

Alerta del DNP

Con el llamado que hizo el director del DNP, Simón Gaviria Muñoz, se busca que las administraciones municipales empiecen a trabajar en alternativas que logren evitar un impacto ambiental pasados los cinco años, y uno de los primeros pasos a seguir es actualizar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos, Pgirs, documento que permite establecer la ruta a seguir durante los próximos años.

Por otra parte, el estudio sectorial identificó la necesidad de inversiones por $3.3 billones en los próximos 10 años para ampliar la vida útil de los rellenos, cierre de botaderos, implementar rutas de recolección selectiva y sistemas de aprovechamiento y valorización de residuos. Dichas inversiones deben ir dirigidas a infraestructura para el tratamiento de residuos, que dinamicen el aprovechamiento y disminuyan la cantidad de basuras dispuestas.